“La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.” Constitución española.
La noticia de sindicalistas del ayuntamiento de Jerez que supuestamente llevan muchos años sin trabajar ha dado la vuelta a España y trascendido a otros países, lo cual es síntoma de que algo está cambiando porque durante nuestra democracia el tema relativo al sindicalismo ha sido tabú, intocable, terreno prohibido. Las cosas están cambiando, no al ritmo que a muchos gustaría, pero determinadas barreras de protección histórica se mueven y amenazan derrumbe y esto viene al caso en un momento nacional donde todos admiten la necesidad de realizar reformas, con mayor o menor urgencia según el caso, pero resulta evidente que determinados modelos de hace décadas hoy necesitan algo más que una capa de pintura. El sindicalismo rancio, el rancio y no el otro, instalado en las administraciones públicas es algo conocido por muchos alcaldes, consentido, financiado a precio de oro admitiendo condiciones y convenios que hoy deberían ser causa de sonrojo; una, en no pocos casos, fraudulenta conducta que, no hay que olvidar, grava, una vez más, sobre el bolsillo del maltrecho pagador de impuestos.
Algo de historia. Las organizaciones sindicales nacieron como consecuencia de la revolución industrial porque los trabajadores necesitaban una protección frente a los abusos: excesivas jornadas de trabajo, remuneraciones precarias, condiciones laborales inseguras e insalubres, discriminación femenina, explotación infantil, despidos sin control y sin indemnización... Fue en Inglaterra en el s. XVIII cuando nacieron las primeras llamadas sociedades de socorro mutuo, que más adelante evolucionaron a los sindicatos de oficio, Trade Unions de los años veinte del s. XIX, creándose en 1829 el primer sindicato inglés, en este caso del algodón. Por su parte, España siguió la misma trayectoria y fue en Cataluña, en 1840, cuando se crea la Asociación de Tejedores de Barcelona, primer sindicato obrero español, llamado sociedad de resistencia, para extenderse por toda España como movimiento obrero por zonas industriales y cuyo origen fue Asturias y el País Vasco. En 1888 el Congreso Obrero de Barcelona funda la UGT y en 1910 es cuando se crea la CNT, que hasta la guerra civil fue el sindicato mayoritario. Todo este proceso de incesante lucha en defensa de los derechos de los trabajadores fue frenado radicalmente en la época franquista, los sindicatos fueron considerados asociaciones ilegales y sus actuaciones se enmarcaron en la clandestinidad. El sistema sindical giraba alrededor del sindicato vertical, todos los trabajadores y empresarios estaban obligados por Ley a estar afiliados a la Organización Sindical Española (OSE). En los años 60 el partido comunista, desde la clandestinidad, diseñó una estrategia de ataque al régimen franquista desde dentro de la estructura del sindicato vertical consiguiendo doce representantes que seguían sus directrices y constituyendo una comisión obrera, cuyo peso dentro de las fábricas y empresas fue en aumento y pasó a operar como organización sindical clandestina: CCOO. La persecución que sufrió por parte del régimen del dictador fue tal que en 1972 diez dirigentes de este sindicato, entre ellos Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, fueron sorprendidos en una reunión en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, detenidos, encarcelados y condenados a veinte años de cárcel, pena que fue rebajada a seis por el Supremo -indultados en 1975 por el ya entonces rey Juan Carlos-. En abril de 1977 comienza la etapa sindical de la democracia, con su legalización, reconociéndose como principales fuerzas sindicales a CCOO, UGT y USO, y CNT, esta última escindiéndose en dos, apareciendo la CGT. En esos años de transición las fuerzas del movimiento rupturista del pasado lo conformó el liderazgo nacional de los partidos de la izquierda y el movimiento sindical de CCOO y UGT, sometidos a las directrices políticas de PCE y PSOE, respectivamente.
En los años 80, con un joven Felipe González al mando del gobierno, la presencia y control sindical de los trabajadores impulsaron las grandes reformas laborales de nuestra democracia, el cambio en los derechos sociales. En estos años la actividad sindical tenía dos objetivos: contribuir a la consolidación de la democracia, evitando acciones que la pudieran poner en peligro, y utilizar las crecientes libertades para organizar y controlar a los trabajadores asegurándose una posición de fuerza dentro de la sociedad española; organizaciones con capacidad de movilización y de control de sus bases y, además, del conjunto de los trabajadores. En una palabra, contar con poder de presión social. En 1988 la ruptura de UGT con el PSOE y de CCOO con el PC ayudó al acercamiento de los dos sindicatos, culminando en una exitosa huelga general que reforzó al movimiento sindical como actor necesario e importante para el desarrollo de las políticas sociales. A partir de este momento la relación sindicatos-gobiernos fue bidireccional: los distintos ejecutivos fueron conscientes de que la paz social dependía de la voluntad de los sindicatos predominantes, capaces de movilizar a los trabajadores y los sindicatos sabían que su poder era proporcional a la capacidad de conseguir que los gobiernos aprobasen sus propuestas de mejoras sociales.
Nuevos tiempos. Si hay algo que, particularmente, me causa respeto y admiración son los políticos de la transición democrática y, del mismo modo, los sindicalistas de esa época. Gente, en elevadísimo porcentaje, admirable. A ellos se les debe el estado democrático, la paz, la consecución de los derechos laborales y, en definitiva, este estado del bienestar. Políticos y sindicalistas capaces de relegar a un segundo plano los intereses de sus organizaciones para primar la concertación, el consenso y, en definitiva, el interés general. Esto duró lo que duró, poco, el poder es atractivo y, como tal, peligroso, el riesgo de perderlo siempre deriva en que se impone el objetivo de conservarlo, en demasiadas ocasiones a costa de lo que sea. Y si el poder de un sindicato depende de la capacidad de conseguir mejoras laborales para los trabajadores, cuando ya se ha conseguido una jornada laboral justa, equilibrada entre la conciliación de vida familiar y producción de la empresa, se han logrado unas retribuciones proporcionales y dignas, unas condiciones laborales que respetan la seguridad y salud de los empleados, la eliminación de tratos discriminatorios y explotadores, los despidos controlados legalmente y, en definitiva, un conjunto de derechos laborales que en nada tienen que ver con la situación de cuarenta años atrás, la fuerza de los sindicatos se debilita si no continúan planteando mejoras, aún a sabiendas de la dificultad del sostenimiento de las mismas por el sistema, sea empresa privada o institución pública. Los convenios laborales de los últimos quince años, sobre todo en el ámbito de la administración local, son un claro ejemplo de despropósito insostenible de muchas de las mejoras que incluyen y el resultado de una presión sindical que el alcalde de turno no quiso resistir valorando más conservar su paz social y, sobre todo, la revalidación del cargo.
En estos años no era políticamente correcto contar a la ciudadanía las verdaderas demandas sindicales, directamente se ocultaban y, encima, bajo esta ignorancia, los ciudadanos ante las protestas de los trabajadores y el consiguiente deterioro en la prestación de los servicios apuntaban hacia la mala gestión del gobernante. Años de burbuja y a nadie le importaba los sueldos de los demás, si trabajaba más o menos, de ello los sindicatos sacaban su rédito y, algunos sindicalistas, personales privilegios. La burbuja se rompió y hoy nos importa qué sueldos pagamos con nuestros impuestos y, mucho más, qué trabajo se nos presta a cambio. Nos interesa la verdad. Lo políticamente correcto pasó, la barra libre y los privilegios son historia y exigimos explicaciones. Lo justo.
Acuerdo tácito. De aquellos barros estos lodos, los ciudadanos contribuyentes pagadores de los sueldos de los servidores públicos no podían imaginar que sucesivos alcaldes o alcaldesas pudieran haber permitido pactos no escritos, tácitos, de los gobernantes con los líderes sindicales: me dejáis gobernar tranquilo y yo os regalo poder ante la plantilla y ciertos privilegios a los líderes sindicales que los quisieran. ¿Acuerdos tácitos? En una administración pública no existen, no pueden existir, sólo pensar en que hayan existido pone en peligro la confianza en esos gobernantes, por muchas razones ya debilitada. Las administraciones se rigen por leyes y plasman sus decisiones en acuerdos, luz y taquígrafo, por lo tanto un acuerdo tácito será porque no le ampara la Ley y porque las partes lo quieren ocultar. Un acuerdo tácito de hace muchos años es la única explicación que se les ha ocurrido esgrimir a los dos representantes sindicales de la CGT del ayuntamiento de Jerez, ejemplo de lo que sucede en otras tantas administraciones locales, para explicar porqué llevaban muchos años sin acudir a su puesto de trabajo. Nadie duda que han dicho la verdad, sucesivos gobiernos municipales les han permitido ese acuerdo tácito y, ¿a cambio de qué?; la respuesta parece obvia, sólo hay que ver la virulencia de la acción sindical que están llevando a cabo estos días porque se les ha "invitado" a trabajar y compararla, por ejemplo, con la actividad sindical mucho menos radical que emplearon relativa al ERE que afectó a 260 empleados reciente o ante sucesivos retrasos en el pago de las nóminas. ¿Ese era el acuerdo tácito? ¿Uno con garantía tácita?
Está el caso, además, de los policías locales representantes sindicales del SIP, que presuntamente han venido disfrutando de días libres con cargo a reuniones convocadas por el ayuntamiento, inexistentes según dice el gobierno municipal. El resultado es que con sueldos medios de 43.000 euros, al parecer, los días trabajados por estos sindicalistas del colectivo de la policía local no superan los cien en todo el año 2015 y en uno de los casos no llega ni a cincuenta días de trabajo real, lo que implica que han ganado por día trabajado un dineral que, dicho a modo de ejemplo y para que todo el mundo lo entienda, duplica el salario del presidente del Gobierno. La hemeroteca está ahí, tampoco montaron las grandes y ruidosas protestas habituales con tiradas de petardos ni por el ERE, ni por los atrasos de las nóminas, ni por nada. Ni hubo pintadas en el colegio de los hijos de nadie. ¿Otro acuerdo tácito? ¿Cuántos acuerdos tácitos hay, aquí o allá? ¿Dónde? Y, sobre todo, ¿por qué?
Los liberados. Dícese del empleado que toda su jornada laboral la dedica a actividades sindicales y está liberado de trabajar en la empresa que le paga. En los ayuntamientos no existe la figura del liberado como tal, las leyes lo que permiten es que un representante sindical acumule horas cedidas por otro representante sindical. Si cada sindicalista cuenta con cuarenta horas sindicales, son 480 horas liberados de trabajar al año; como tienen que trabajar 1.642, resulta que para que un representante sindical se libere de no ir al trabajo ni un día al año necesita que dos compañeros les cedan todas sus horas sindicales y además un tercero le de 202 horas más. Y con esto ya tenemos a un trabajador público que pagamos todos y que dedica todo su tiempo a labores sindicales. Me pregunto que en una situación tan privilegiada como la que disfrutan los empleados públicos, sobre todo los de ayuntamientos, ¿qué necesidad hay de que un señor o señora esté todos los días del año 7,5 horas diarias con dedicación exclusiva sindical? Además, las normas disponen que las acumulaciones de horas sindicales han de comunicarse a la empresa o administración previamente por escrito, con detalle de las horas cedidas y del cedente y cesionario, con la firma de ambos. Si no existe esta comunicación, no procede la acumulación de horas y excusas peregrinas como la de acuerdos tácitos no valen para nada. Poner orden en una plantilla de empleados públicos es responsabilidad de quien gobierna, antes y ahora, y pasa por controlar y frenar los abusos en defensa del servicio que se presta y del coste que el mismo origina al usuario.
La bandera del derecho fundamental a la libertad sindical sufre un ataque no del que quiere establecer orden y criterio sino del que cree que cubierto, abrigado, oculto bajo ella tiene patente de corso ilimitada bajo la excusa de su representación sindical. Y no. No hay nada que desacredite más a los sindicatos y a la mala imagen que en general hoy proyectan que quienes se aprovechan y hacen mal uso de este noble y fundamental oficio. Dicho con, es de esperar, tácito derecho sobre libre opinión.
Bomarzo
