No cabe duda de que el confinamiento está dando buenos resultados en la provincia, pero la preocupación es creciente en residencias de mayores y centros hospitalarios, dada la alta incidencia del coronavirus cinco semanas después de que se conociera el primer caso diagnosticado en Cádiz.
Según los datos facilitados en la jornada de ayer por la Junta de Andalucía, la curva de contagios sigue aplanándose en el conjunto de la provincia, con solo catorce nuevos infectados en las últimas 24 horas.
Tras alcanzar el pico máximo de positivos el pasado 1 de abril, las cifras se rebajaron considerablemente a partir del lunes y, desde hace cuatro días, mucho más, con un registro diario de en torno a la quincena de enfermos por la Covid-19 desde entonces.
Este sábado también se sumaron, lamentablemente, otros tres fallecidos, de manera que ya se cuentan 52 víctimas mortales en la provincia. El número de curados, no obstante, triplica, con 152, al de muertos. Un dato esperanzador, pero insuficiente, al representar únicamente el 16,6% del total de positivos acumulados desde el pasado 7 de marzo, 943.
Uno de los tres fallecimientos fue el de un anciano del asilo Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, donde se han contado ya un total de 15 muertos en las dos últimas semanas. Nueve de los ancianos perdieron la vida en la residencia y seis lo hicieron en el hospital, principalmente en el Virgen de las Montañas de Villamartín, informa Europa Press.
La alcaldesa del municipio, Isabel Gómez, aseguró que el viernes se realizaron los test rápidos para detectar el virus a todos los residentes y durante la jornada del Sábado Santo se les hizo a los trabajadores.
Entre viernes y sábado comenzaron a llevarse igualmente a cabo las pruebas a internos y empleados de la Residencia de la Cruz Roja, en San Fernando, otras de las instalaciones que despertaron mayor atención. Hasta ahora, publica Antonio Atienza en San Fernando Información, se habían hecho 89 pruebas, detectándose 46 usuarios contagiados, de los que cuatro permanecen ingresados. También se habían hecho trece test a los trabajadores con un resultado de cuatro positivos. El centro ha lamentado la muerte de tres ancianos.
La Junta ha informado, por su parte, que ha repartido 57.220 mascarillas y 15.900 guantes en centros de mayores de la provincia. En cuanto a equipos de protección individual (EPI) se han distribuido 625, remarcando que únicamente se entrega al personal que tiene contacto con casos positivos, con el objetivo de preservar al resto de la plantilla y optimizar el uso de los equipos. Entre otro material, la Administración andaluza ha repartido 512 batas y 53 gafas. En el caso del servicio a domicilio, ha dotado de 48.842 mascarillas a las plantillas; 17.752 de ellas han sido entregadas a la Diputación de Cádiz.
El otro foco de infección son los centros hospitalarios. Según las estimaciones de CSIF, hasta este viernes tenía constancia de unos 162 casos positivos entre profesionales del sector en la provincia y otros 273 permanencen en cuarentena. En total, el sindicato estima que son 435 los sanitarios que están afectados por la infección.
UGT señaló por medio de un comunicado que “lamentablemente las cifras no pueden ser más desalentadoras” y apuntó que, en el conjunto de Andalucía, “ya son más de 2.600 los que están de baja y, de estos, ya hay confirmados 1.400 positivos”.
Tras denunciar que no están haciéndose de forma masiva los test de detección “para un colectivo que lo está dando todo”, advirtió nuevamente de “la falta de medios de protección adecuados para desarrollar su trabajo. Siguen faltando EPI en muchos centos, sin que se hayan puesto soluciones efectivas sobre la mesa”.
Por otro lado, UGT alertó de que “seguimos sin concretar que desde la Administración se tomen decisiones concretas para compensar a las personas que están trabajando jueves y viernes santo sin tenerlo previsto en su planilla”.
La organización exigió el 100% del complemento de rendimiento profesional porque, “lejos de premiar a nuestros profesionales, desde la Gerencia del SAS se lanzan mensajes velados sobre sancionar a las personas que den explicaciones o quejas sobre la falta de material o si deficiente calidad”.
