Aunque queda por concretar cuánto dinero está en disposición de movilizar, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, tiene claro, por un lado, que la institución no escatimará recursos para hacer frente al desempleo y la precariedad que provocará la crisis sanitaria y, por otro, que la respuesta, para ser eficaz, se articulará de mano de los ayuntamientos. No ha dudado en apretar públicamente al Gobierno de la Nación para que detalle el uso del superávit de 2019 para ayudas sociales y carga contra la Junta de Andalucía. “Nos ha dado la espalda”, declara.
¿Qué margen tienen realmente las entidades locales con respecto a impuestos y tasas y qué recomendaciones hace Diputación?
–La Diputación actúa como mero instrumento gestor de los impuestos de gran parte de los municipios de la provincia. La mayoría de esos impuestos están regulados por normas estatales que son las que fijan las bonificaciones, exenciones, periodos devengados, etc. Todo esto partiendo de la base, además, de que el Gobierno de España no ha suspendido los plazos tributarios. La Diputación está readaptando y replanificando el calendario de actuaciones recaudatorias ordinarias, adoptando decisiones dirigidas a atemperar las obligaciones tributarias a los ciudadanos durante este periodo de alarma y a flexibilizar los plazos con el fin de otorgar las máximas facilidades posibles.
¿Tiene capacidad Diputación para hacer frente a peticiones de liquidez de los ayuntamientos?
–Nos hemos anticipado a eso y ya hemos adelantado los anticipos ordinarios de abril, que normalmente cobran a final de mes, a todos los municipios que tienen su recaudación con nosotros.
“No va a haber recortes, actuaremos con responsabilidad generosa y con generosidad responsable”
¿Qué puede hacer el Gobierno de España con los municipios que antes de la crisis no tenían margen para endeudarse o acceder a financiación?
–La medida más rápida y entiendo que más justa sería darles libertad para que utilicen ese superávit, en lugar de tener que destinarlo obligatoriamente a amortizar deuda bancaria. El pasado año, esta Diputación se vio obligada legalmente a liquidar un préstamo bancario que se encontraba aún en período de carencia… Igualmente, existe la posibilidad de autorizar la utilización de los depósitos bancarios.
¿Hay que relajar los planes de ajuste?
–Nadie puede poner en duda cuál es hoy la prioridad. Y nadie entendería que haya recursos públicos que no puedan aplicarse, y que no lo hagan especialmente para dar respuesta a verdaderas urgencias de carácter social. Así, he solicitado a los presidentes de las federaciones española y andaluza de municipios y provincias que reclamen al Gobierno de la Nación que autorice a las Corporaciones Locales al uso del 100% del superávit del presupuesto 2019 con esa finalidad.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno de España retrase la compensación por las liquidaciones negativas del año 2017?
–Sería una buena medida para los ayuntamientos, pero no olvidemos que el Gobierno ya está tomando muchas y muy buenas medidas de calado social y también para ello se necesita liquidez. Estoy segura de que el Gobierno será sensible tanto con la realidad económica de la ciudadanía como de las necesidades financieras de las administraciones, de la misma manera que estoy convencida de que la ciudadanía es sensible con las necesidades de mantener el sistema público que está actuando como salvavidas de todos nosotros en uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de este país.
En cualquier caso, los presupuestos han saltado por los aires. ¿Prevén recortes?
–No va a haber recortes. Nuestra intención es lograr la ejecución presupuestaria más alta que podamos; solo que habrá otras prioridades más perentorias y en torno a las cuales estoy segura de que habrá un consenso absoluto.
¿Afectará a la obra pública?
–Afectará a lo que tenga que afectar en función de lo que acordemos de la mano de los ayuntamientos. Los alcaldes y las alcaldesas son quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinos. En cuanto sea posible, convocaré un Consejo de Alcaldías para que podamos definir esas prioridades.
¿Se ampliarán plazos para las obras Profea o para ejecutar los fondos europeos?
–El diseño y la programación del Profea corresponde al Gobierno de la Nación. La política respecto a la gestión de fondos europeos no varía: nuestro objetivo es tener siempre la posibilidad económica de acompañar cualquier llegada de recursos.
“El Gobierno de la derecha ha entonado un sálvese quien pueda en Andalucía y nos ha dado la espalda”
La semana pasada anunció una primera respuesta de emergencia. ¿Puede concretar ya cuánto dinero se movilizará y a qué se va a destinar?
–Estamos aún en fase de reevaluación de partidas y de reprogramación de fondos disponibles. Pero el Gobierno que presido tiene claro cuáles son las prioridades: el empleo y las políticas sociales. A partir de ahí, las materializaciones concretas las cerraremos directamente con los municipios.
¿Qué incremento prevé para programas como el de la lucha contra la pobreza energética o las ayudas económicas familiares?
–El presupuesto consolidado de la Diputación ronda los 279 millones de euros. Ese es nuestro nivel máximo de gasto e inversión. De lo que se trata ahora es de priorizar lo que verdaderamente es importante. Nadie entendería que una institución cuya labor fundamental es atender las necesidades de los pueblos más pequeños dedicara siquiera una ínfima parte de sus recursos a finalidades que no responden a las verdaderas inquietudes de los alcaldes y las alcaldesas, que además lo son del conjunto de la ciudadanía. Todos coincidimos en que vivimos un momento excepcional. Nadie puede tener dudas acerca de qué es lo urgente. Vamos a vivir momentos duros, deberemos tener altura de miras y actuar con una mezcla entre responsabilidad generosa y generosidad responsable. Y habremos de ser conscientes de que todo lo que no sea urgente será secundario.
¿Qué medidas plantea en el ámbito social?
–Nos preocupan especialmente los efectos que el desempleo y la precariedad laboral pueden provocar en nuestros pueblos y ciudades. En los últimos años, instrumentos como el Plan de Cooperación Local y el Plan Invierte habían contribuido a reinsertar en el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión social, a garantizar cierta carga de actividad a pequeñas empresas locales y a poner en marcha equipamientos e infraestructuras públicas capaces de convertirse a su vez en motores de empleo y de actividad… No en vano, las sucesivas ediciones de ambos programas han supuesto más de 80 millones de euros de inversión en todas y cada una de las localidades de la provincia, donde se han llegado a generar más de 13.000 contrataciones. A la vuelta de la crisis deberemos repensar o matizar estos instrumentos, porque la realidad en la que nos movamos no será ya la misma que hace apenas unas semanas.
Ha pedido a Pedro Sánchez que concrete los criterios para el uso del superávit de 2019 en política social. ¿De cuánto dispondría Diputación?
–Estamos aún pendientes de cuadrar la liquidación del pasado presupuesto. Pero, para que se haga una idea, el año 2018 lo cerramos con 41 millones de euros de superávit, con una ejecución presupuestaria del 86% de los créditos previstos al inicio del ejercicio. Lo que sí sabemos ya es que podremos dedicar el 20% del superávit que arroje dicha liquidación en políticas sociales, sean inversiones o gasto corriente.
“Hemos salido al mercado a comprar mascarillas y hemos coordinado y financiado tareas de desinfección con los municipios y vamos a seguir haciéndolo”
El Gobierno autonómico tampoco ha detallado el uso de los 50 millones transferidos por el Gobierno central para los ayuntamientos. ¿Faltan reflejos por parte de las dos administraciones de rango superior?
–No solo es que la Junta no haya detallado ese uso para los ayuntamientos, sino que el Gobierno de la derecha no tiene ninguna sensibilidad hacia las corporaciones locales, las cuales parece que no existimos. De hecho, la Junta ha sido meridianamente clara a la hora de decir que esos fondos se destinarán para el sostenimiento de sus propias competencias de carácter autonómico, sin efectuar en ningún caso un reparto individualizado entre los municipios.
La Junta se sacude las responsabilidades en cuanto a la aportación de material de autoprotección y prevención. ¿Qué ha fallado?
–Una vez más, la total falta de consideración hacia las corporaciones locales. El Gobierno de la derecha en la Junta de Andalucía ha entonado una especie de sálvese quien pueda y ha dado la espalda a los ayuntamientos y diputaciones. No es de recibo que en el mismo documento con instrucciones enviado a las corporaciones locales en torno a la gestión de la crisis del Covid-19, la Junta se autodesigne autoridad competente para la adquisición de equipos de protección individual y, en el párrafo siguiente, se desentienda de esa obligación y descargue esa responsabilidad sobre ayuntamientos y diputaciones, por supuesto sin proporcionarnos ni un euro de financiación adicional para ello. Los alcaldes y las alcaldesas no saben a qué atenerse; y es lógica su inquietud.
Diversos municipios han blindado los accesos y el Gobierno ha advertido de que no se puede prohibir. ¿Hay problemas de coordinación? ¿Está jugando algún papel en ese sentido Diputación?
–La Diputación está actuando como lo que es: el principal sostén para los municipios, especialmente los de menor población. Para ello, desde el primer momento estamos a plena disposición de nuestros alcaldes y alcaldesas. Estamos escuchando sus necesidades de materiales, de orientación y asesoramiento… Hemos realizado varios repartos de mascarillas, de guantes y de elementos de seguridad y protección para las personas que trabajan con nuestros mayores y dependientes. Hemos salido al mercado a comprar mascarillas y otros materiales. Hemos coordinado y financiado tareas de desinfección programadas en colaboración con los municipios a lo largo y ancho de la provincia… Y vamos a seguir haciéndolo.
“Estudiamos facilitar a autónomos y pymes el acceso a mejores condiciones de financiación mediante la concesión de avales que sirvan de garantías de la misma”
¿Tienen que ocuparse las entidades locales de ofrecer líneas directas de ayuda a empresarios y autónomos o no es de su competencia?
–Lo ideal en cualquier caso sería que todas las administraciones contásemos con un marco claro de competencias y de financiación. Pero, una vez más, somos las corporaciones locales quienes padecemos doblemente esa indefinición. Nos llueven las competencias impropias y padecemos una histórica sequía de los recursos económicos siquiera para mantener difícilmente las propias. La situación es especialmente sangrante en el caso de los pequeños municipios, y más aún en una provincia como esta, tan castigada por el desempleo… En momentos de especial gravedad es imposible mirar para otro lado o escudarte en un listado formal de competencias. Lo que sí habrá que hacer al menos será plantear una actuación leal y coordinada de los distintos niveles de la Administración para evitar duplicidades y solapamientos y ganar en eficacia y eficiencia.
¿Qué opinión le merece el cobro de la cuota íntegra a los autónomos en marzo? ¿Pedirá al Gobierno que atienda a las demandas del colectivo?
–Somos especialmente sensibles con el colectivo de autónomos. No en vano, hemos mantenido diversas actuaciones de la mano de sus organizaciones representativas porque entendemos que son una pieza clave para el mantenimiento del empleo y para el desarrollo socioeconómico de la provincia. Y el Gobierno ha dado pasos importantes en defensa y protección del mismo, como la posibilidad de compatibilizar la nueva prestación por cese de actividad con cualquier otra que ya se viniera percibiendo de la Seguridad Social. Y, por lo que sabemos a través de los medios de comunicación, hay otras posibles medidas de apoyo que están actualmente en estudio.
Diputación tenía previsto renovar el plan de desarrollo socioeconómico con CEC, cámaras de comercio y sindicatos, entre otras entidades. ¿Qué va a pasar con el programa DipuActiva?
–Como comprenderá, esta Diputación va a mantener en todo momento sus buenas relaciones con los agentes económicos y sociales, unas buenas relaciones que se basan en un modelo de concertación que se fundamenta en la corresponsabilidad de todas las partes implicadas en nuestro desarrollo. Sinceramente, creo además que ese modelo estratégico está dando muy buenos resultados. Y eso es lo realmente importante. Lo demás, como los instrumentos de naturaleza táctica que vayan a ponerse en marcha para lograrlos, está en permanente revisión, y más en las actuales circunstancias. En este mismo apartado de constante actividad y replanteamientos podemos citar que la Diputación está estudiando la posibilidad de establecer un convenio de colaboración con la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía (Garántia SGR) y la Confederación de Empresarios de Cádiz con vistas a facilitar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de la provincia afectados por la crisis del Covid-19 el acceso a mejores condiciones de financiación mediante la concesión de avales que sirvan como garantías de la misma.
El turismo se ha visto seriamente golpeado ya por los efectos de la crisis sanitaria y el futuro inmediato no es muy esperanzador. ¿Qué plantea a corto y medio plazo la institución provincial?
–Seguir trabajando de la mano del propio sector. Desgraciadamente, esta crisis sanitaria nos llega en el peor momento, porque quiebra la mejor época que jamás había vivido el sector, con un mercado que tiene ya un nombre internacional y un gran prestigio, con todo tipo de atractivos y una oferta para todos los públicos y prácticamente durante todo el año… Más allá de lo que ya estamos padeciendo, vamos a vivir momentos muy duros. Pero, junto a nuestro patrimonio natural y cultural, la provincia de Cádiz cuenta con una importante ventaja: los hombres y mujeres que integran nuestro sector turístico, que han apostado por la calidad y que suponen sin duda el principal motivo de esperanza para pensar en que, más pronto que tarde, recuperaremos las buenas cifras del sector y que incluso las llegaremos a mejorar.
