El grupo municipal de Izquierda Unida pedirá en el próximo pleno que se apruebe el llamado 'mínimo vital', lo que supondría garantizar el derecho de todo ciudadano a disponer de un suministro de agua que asegure una vida digna.
La moción se presenta a raíz de que a pocos kilómetros de nuestra ciudad, en Jerez de la Frontera, más de 200 familias hayan sufrido la suspensión del abastecimiento de agua solo ocho meses después de que el Ayuntamiento de Jerez privatizara la gestión del servicio municipal de agua en abril de 2013, cuando el gobierno del Partido Popular adjudicó el abastecimiento a la empresa Aqualia durante 25 años a cambio de un canon de 80,1 millones de euros.
El concejal de Izquierda Unida Antonio Fernández afirma que “existen muchas coincidencias entre el proceso de privatización hecho en Jerez con el que se está haciendo en El Puerto y no queremos que aquí pase nada parecido a lo que le ha ocurrido a esas familias jerezanas”. Fernández declara que “en IU tenemos claro que el agua no es un bien comercial, sino un bien público y un derecho humano” y, por tanto, “ningún ciudadano o ciudadana debe verse privado del suministro de agua por razones económicas”. De la misma manera Fernández tiene claro que “para ello es imprescindible que el agua y su gestión sean públicas. Esto significa sustituir los valores del beneficio económico de una empresa por la generalización de un servicio vital básico”.
Para Fernández “existen motivos sobrados de interés público para fijar un mínimo vital de consumo de agua de forma gratuita”. El Coordinado de la formación de izquierda comenta que “desde Izquierda Unida pensamos que esta mediad debe ser una primera decisión en el marco de la estrategia de la recuperación y remunicipalización del servicio de abastecimiento del agua”, proceso este que “ya han iniciado muchas ciudades y que demuestra que el camino hacia un proveedor público es posible, con mejor servicio y más ahorro para las familias”.
Fernández, que defenderá esta moción en el pleno ordinario del próximo jueves, apunta que “en El Puerto todavía estamos a tiempo de evitar la venta de Apemsa” pero “es muy importante dar este paso para garantizar que en el futuro en nuestra ciudad el derecho humano al agua esté siempre por encima del beneficio económico de una empresa privada”.
