Desde la propia dirección no se ha ejercido ningún tipo de presión al Director Técnico, Julián Martín Bravo, para “favorecer a alguno de los proyectos”. Así se ha referido la empresa municipal Impulsa en relación a la adjudicación de los aparcamientos subterráneos que se van a construir en Pozos Dulces y en la Plaza de Toros y en los que, en los últimos días, se ha especulado sobre diversas irregularidades.
En este mismo sentido, la empresa Gyocivil ha emitido un comunicado a través del cual ha expresado su especial interés en que se trabaje con la mayor transparencia posible. Así, ha hecho hincapié en que el procedimiento ha sido fiscalizado en extremo desde el punto de vista jurídico por Pryce Waterhouse, consultora designada por el Banco Europeo de Inversiones para velar por la seguridad jurídica del proceso; desde el punto de vista técnico, supervisado por la consultora IDOM, una de las principales de arbitraje internacional al más alto nivel; y, desde el punto de vista económico, la fiscalización ha corrido a cargo de la entidad Ahorro Coporación, designada para la gestión de los fondos procedentes del Banco Europeo.
Por parte de Impulsa, y las supuestas presiones, la empresa municipal establece que éstas “carecen de sentido”, ya que la mesa de valoración está formada por dos miembros de la propia Impulsa y otros dos de la Gestora de los Fondos Europeos, independientes y con criterio propio. En este punto, aclaran que Martín Bravo fue sancionado y suspendido de empleo y sueldo durante octubre y noviembre del pasado año, como consecuencia de no haber cumplido con sus responsabilidades como pasar información de los proyectos presentados a personas ajenas y con vinculación directa a otras constructoras, violando el principio de confidencialidad; la no presentación de informes de valoración de los proyectos en los plazos comprometidos; así como ocultar premeditadamente ciertos aspectos de carácter técnico que podían afectar negativamente al desarrollo del proyecto y no informando a la Dirección. Estas circunstancias propiciaron la suspensión y, además, fueron trasladados al Consejo de Administración de Impulsa para que se tuviera conocimiento de los mismos.
No obstante, y para que no se paralizara el proyecto, Impulsa y la Gestora de los Fondos Europeos acordaron que la valoración de las ofertas presentadas fuera realizada por una consultoría de Ingeniería de prestigio, que fue la que emitió un informe que permitió adjudicar el proyecto. De esta forma, y puesto que la obra la iba a promover una empresa distinta de Impulsa y que, asimismo, la dirección técnica de las mismas sería realizada por un equipo externo, Impulsa estimó conveniente, habida cuenta de la ausencia de otros proyectos que requirieran de dirección técnica propia, la proposición del despido de Martín Bravo al Consejo de Administración de Impulsa (compuesto por miembros del equipo de gobierno y oposición). Despido que fue aprobado por unanimidad durante la sesión celebrada el 4 de diciembre de 2013.
Desde Impulsa recalcan que el proceso de adjudicación ha contado con los principios de “publicidad, igualdad, imparcialidad y transparencia” y, asimismo, ha anunciado que iniciará acciones legales contra Julián Martín Bravo, en defensa de los intereses y el buen nombre de esta empresa, independientemente de las que puedan presentar otras empresas y personas afectadas.
Del mismo modo, la empresa Gyocivil ha señalado que su marca comercial está siendo muy dañada en su imagen pública durante todo este proceso. Sin embargo, desde la empresa aclaran que ellos operan con Ayuntamiento, Diputaciones y organismos públicos de cualquier índole, sin importar el signo político. Asimismo, desde Gyocivil establecen que todas las adjudicaciones de obra obtenidas son expedientes públicos y han sido ganados con la “máxima transparencia”.
De momento, y como han subrayado desde la propia Gyocivil, no se plantea realizar ninguna demanda, lo único que solicitan es que se mantenga al margen la imagen comercial y, sobre todo, “que se aclare lo que se tenga que aclarar”. En este sentido, informan que ahora mismo se está llevando a cabo el procedimiento de análisis de las impugnaciones por parte del Secretario General del Ayuntamiento de El Puerto y se confía en que a finales de este mes de febrero esté resuelto.
Igualmente, habrá que esperar al estudio de las reclamaciones por parte de las otras empresas que se presentaron al concurso público. Un proceso que no se sabe cuánto podrá alargarse.
Cabe señalar que Gyocivil ha realizado también infraestructuras en ciudades con signo socialista, como en Chiclana, cuando gobernaba José Mª Román o González Cabañas, en Benaluz. Del mismo modo, han desarrollado construcciones en el Ayuntamiento del Cuervo (IU), San Cristóbal (Coalición Canaria) o Ubrique (PA).
