La teniente de alcalde de Fomento, Cristina Arjona, ha manifestado que los cursos de FPE que solicitó el Ayuntamiento de San Fernando, a través del IMPI, se perdieron “por la falta de lealtad institucional de la Junta” hacia la ciudad de San Fernando.
Del mismo modo, la edil popular vuelve a lamentar la actitud que demuestra el concejal socialista, “el cual se dedica constantemente a atacar al Gobierno municipal sin aportar nada y defendiendo lo indefendible, los intereses del PSOE en la Junta de Andalucía por encima de los de los isleños”.
Arjona asegura que en septiembre de 2011 se realizó la solicitud de los cursos de FPE. En el mes de diciembre del mismo año se dicta resolución positiva para ocho de los nueve cursos solicitados, y es en ese momento de la firma cuando debió producirse el pago del 50 por ciento inicial.
Entre los meses de abril y agosto de 2012 se produjeron los cambios en la estructura gubernamental de la Junta, por lo que a partir de septiembre se empiezan a solicitar citas tanto con el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, como con la delegada provincial de Empleo.
En el primer de los casos esa cita aún no ha llegado. Finalmente se concede cita para el 20 de noviembre con la delegada de Empleo en la que se produce un compromiso verbal de que se harían efectivos los pagos pero que habría que solicitar una prórroga. El 28 de noviembre se produce el primer pago y el segundo el 27 de diciembre. El 9 de enero se solicita la prórroga según el compromiso adoptado y finalmente, el 15 de marzo de 2013 se recibe resolución por parte de la Junta denegando la prórroga.
Con todo ello, Arjona se pregunta si el SAE no tenía previsto conceder la prórroga, “con qué objeto de realizan los pagos a final de diciembre una vez vencidos los plazos. Estamos pasando de la lealtad institucional a una irregularidad, puesto que se ha ingresado un dinero después de que, como dice el concejal Rodríguez, hubieran notificado que no se iban a hacer los cursos”, matizó la edil popular.
Por otra parte, si el primer pago debió hacerse en diciembre de 2011 según la resolución mencionada y no se realiza hasta un año más tarde, “¿quién está incumpliendo los plazos? Nosotros no, en todo caso la Junta de Andalucía”, añadió.
