Recientemente se ha aprobado por el parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (12-22/PL-000007). En el se aborda entre otros asuntos aspectos relacionados con el agua. Nada más y nada menos que con el AGUA. Palabra rotunda, grave, importante, vital. Y la lectura del mismo permite extraer algunas ideas que pretenden la “transición del modelo lineal de usar, depurar y verter el agua, a un modelo circular azul, que promueva: 1.- Gestión sostenible de los recursos hídricos e incorporación de aguas reutilizadas. 2.-Optimización de la eficiencia hídrica y reducción de las pérdidas de agua en las redes. 3.- Innovación en el rediseño y desarrollo de los procesos industriales.” El vocabulario utilizado es de “altura” para explicitar que la planificación tendrán en consideración el análisis de la “oferta” de agua regenerada (regulando los tratamientos y control de vertidos industriales) y la demanda de la misma, las infraestructuras de producción de agua regenerada y la reutilización de la misma para usos industriales, agrícolas… Y todo parece bien escrito y dando la apariencia de voluntad de llevarlo a cabo. – Porque ¡oiga!, todas las administraciones publicas cumplen todas las leyes medioambientales a rajatabla. ¿O no? La aprobación de esta ley que ha contado con los votos favorables de PP y PSOE ¿Extraño o no? Porque la mayoría absoluta del Partido Popular en el parlamento propicia una débil, por no decir inexistente, oposición. El proyecto ha salido adelante desechando aportaciones de calado realizadas, entre otros por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía que se ha abstenido. Esta abstención la explica José Ignacio García, portavoz del mismo porque "cuando una ley no obliga a nada y todo lo que propone la ley se podría hacer, es que no sirve para casi nada", ya que “la palabra obligatorio sólo aparece seis veces", para seguidamente concretar que con "esta ley se va a poder seguir permitiendo dar utilidad pública a la ampliación del vertedero de Nerva, a los fosfoyesos de Huelva y al cementerio de El Cabril" consolidando a Andalucía en “el patio trasero del desarrollo de otros países".
Mientras esto ocurre en el Parlamento andaluz en una ciudad de esta tierra, por ejemplo, Algeciras, pueden encontrarse vertederos de aguas negras en puntos de la ciudad desde años. A pesar de que “Algeciras dispone de una excelente depuradora sita en Isla Verde” pero que una vez depuradas las aguas residuales los parámetros de Oxígeno y Sólidos en Suspensión se sitúan muy por debajo de lo que marca la ley para estas emisiones al medio marino. En lugar de ser vertida al mar debería reutilizarse para el riego de jardines, baldeo de las calles de Algeciras, para algunos usos industriales” ¿Para cuándo el Ayuntamiento lo hará? En cuanto a las aguas fecales denuncian que “si se produce un vertido desde la misma al medio natural, eso le da lo mismo, ya que Emalgesa cobrara lo mismo en la factura si el agua residual termina en la depuradora, o en la costa de Algeciras o en un rio de Algeciras” Y ello explica una larga lista de vertidos constantes de estas aguas negras: -Los de la desembocadura del rio de La Miel. -La desembocadura del arroyo del Saladillo, donde recientemente la APBA ha llevado a cabo una prolongación tapiada de su desembocadura, pero se siguen produciendo los mismos vertidos a la dársena del Saladillo – Desde el Puente de Pajarete hasta la antigua playa de Los Ladrillos-Corte Ingles. -Huerta de Las Pilas- La Menacha. Hay un vertido constante que “baja” desde la Huerta de Las Pilas al lado del edificio de Algesa. -Pelayo. Carece de red de alcantarillado. En el mejor de los casos sus vertidos van al arroyo Marchenilla. Un panorama desolador que por mucha ley de economía circular nadie parece querer remediarlo a pesar de la ordenanza municipal de vertidos de Algeciras, publicada el 31 de mayo de 2021. Chirria y muccho más cuando se avisa a Emalgesa de que en viviendas de la barriada de la Piñera se produce a diario una pérdida de miles de litros de agua potable desde hace dos meses y nadie actúa. ¿Qué ocurre? Añádase los daños en el frente litoral de Algeciras y su bahía, la contaminación atmosférica, el ruido incesante de las instalaciones portuarias, tráfico rodado y otras industrias… En definitiva, mucho que hacer siempre que haya voluntad de “obligar”, palabra casi maldita en la nueva ley, a quienes son responsables de que actúen y protejan a la población ante estas malsanas situaciones. ¿Se parará esta agresión al medio ambiente y a quienes lo habitamos? ¿Llegará el día en el que las gentes de Algeciras y su bahía sean ampliamente indemnizadas por las condiciones insalubres a las que han estado sometidas por décadas? Fdo Rafael Fenoy
