En relación con las veinte sanciones que ha impuesto la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Torremolinos por un importe de 1.101.997 euros, por supuestas obras de ampliación en veinte restaurantes de playa y chiringuitos, se informa que las mismas fueron recurridas en alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y solicitada la suspensión de la ejecución del acto con fecha 4 de abril de 2014. Al no haberse recibido respuesta, este Ayuntamiento considera suspendido definitivamente dicho acto al amparo de lo previsto en la Ley.
Las inspecciones y mediciones efectuadas por la Junta de Andalucía entre febrero y marco de 2014 fueron hechas con nocturnidad y alevosía, pues lo fueron sin la presencia de los adjudicatarios de las instalaciones y sin presencia del propio Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ni siquiera se dignó cumplir con el preceptivo y obligado requisito para no crear indefensión, como es entregar copias de las actas, que lógicamente hubieran sido impugnadas de inmediato, pues en los supuestos aumentos de volumen de los restaurantes y chiringuitos se incluían jardines o zonas con césped.
De acuerdo con la nueva Ley de Costas (Vide art. 92 / párrafo 1º) entrada en vigor el 31-5-2013, el plazo de prescripción para las faltas graves es de 2 años. Por tanto, las obras denunciadas habrían sobradamente prescrito y en todo caso no podrían haber sido atribuidas al Ayuntamiento, y mucho menos sancionarlo por algo que evidentemente el Ayuntamiento no había hecho. No se puede olvidar que las labores de inspección en primer lugar correspondían al Ministerio y en segundo lugar a la Junta de Andalucía que para eso ambos también tienen sus inspectores de playa.
Además, Javier Carnero, ex delegado de la Junta firmó las sanciones sin tener potestad para ello, puesto que no tiene competencia para sancionar globalmente por importe superior a 500.000 euros, ni individualmente por importe superior a los 60.000 euros como se atrevió a hacer con 8 expedientes. Y firmó a sabiendas de tener un informe jurídico que le indicaba que tenía que elevar las sanciones al Director General, con lo cual estamos ante una clara prevaricación, de la que el Sr. Carnero tendrá que dar debida cuenta.
Por tanto el Ayuntamiento no tiene deuda alguna con la Junta de Andalucía, sino todo lo contrario porque en estos momentos la Junta de Andalucía debe al Ayuntamiento 704.910 euros por tasas urbanísticas; 223.962 euros por IBI y 157.781 euros a la empresa municipal Pinares de Torremolinos. En total 1.086.653 euros.
