La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de multitud de delitos a partir de falsificaciones documentales, como certificados de residentes de la Unión Europea y tarjetas NIE de extranjeros residentes y que operaba en diferentes localidades de Cataluña.
Según ha informado el Ministerio del Interior, en la operación, que comenzó en agosto de 2013, han sido detenidas un total de 15 personas. En una primera fase se detuvo a 12 miembros de la trama que presuntamente habrían defraudado unos 10 millones de euros. En la última parte de la operación (junio de 2014), la Policía detuvo a tres miembros de un equipo especializado en falsificar cartas de identidad portuguesa, certificados de residentes de la Unión Europea y tarjetas NIE de extranjeros residentes.
Entre los detenidos se encuentra un notario que autorizó la mayoría de las escrituras públicas realizadas con la identidad falsa investigada. Los agentes realizaron también dos registros domiciliarios en las localidades de Lleida y Tarragona en los que se intervinieron varias tarjetas de residencia falsas, un certificado de registro de la unión falso, números de varias cuentas bancarias, un ordenador portátil, varias tarjetas de memoria y varios pendrives.
Además se ha desmantelado el laboratorio donde confeccionaban las falsificaciones. La organización operaba desde en un bufete de abogados de la localidad tarraconense de Reus, que utilizaba cartas de identidad portuguesas y otros documentos falsos para la comisión de diversos delitos, entre los que se encuentran alzamientos de bienes, fraudes a organismos públicos, y estafas a entidades privadas, mediante la adquisición o administración de empresas utilizando un testaferro con identidad falsa, en escrituras públicas ante notario, etc.
La investigación, llevada a cavo por agentes pertenecientes a la UCRIF de las Comisarías Provinciales de Tarragona y Málaga, comenzó a raíz de interceptar una carta de identidad portuguesa y un certificado de registro de ciudadano de la unión que resultaron ser falsos. A partir de ahí se inició una investigación que llevó a los agentes a identificar al portador de la documentación falsa y detectar seis empresas con el mismo administrador y procedimiento de creación similar al investigado en primer lugar.
La Policía ha explicado que la forma de actuar de esta trama se basaba en una empresa con problemas de liquidez, normalmente de la rama de la construcción o inmobiliarias, con beneficios en el inicio de su actividad. Cuando los ingresos se veían reducidos por diversos motivos, solucionaban sus problemas evadiendo los impuestos y cotizaciones y aumentando las deudas con sus proveedores.
Una vez en este punto decidían vender la empresa, y para ello utilizaban a un brasileño con identidad falsa portuguesa, que se convertía en testaferro de las sociedades. Transferidas las mercantiles al testaferro, éste autorizaba a los verdaderos administradores mediante poderes de gestión o de pleitos para que continuaran administrando la empresa y pudieran gestionar la venta de los bienes muebles o inmuebles de la misma.
