El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el martes 24 la proposición de ley del PP que promueve una reforma puntual de la vigente regulación del aborto, una propuesta que previsiblemente no contará con el voto de los 'populares' provida que este mismo sábado están desfilando por las calles de Madrid en la manifestación convocada contra la vigente 'Ley Aído', según confirmaron a Europa Press estos parlamentr.
Esta casi decena de parlamentarios, repartidos entre Congreso y Senado, argumentan que la propuesta del PP, que radica en hacer obligatorio el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, sigue ratificando la interrupción voluntaria de un embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, tal y como facilita la legislación socialista en vigor, y contra la que este sábado se manifiestan.
Esta misma semana, y frente a estas afirmaciones, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, les avisaba de que decir que esta modificación parcial avalaba toda la 'Ley Aído' del anterior Gobierno socialista era "falaz", así como "un invento". "¿Sería mejor no apoyar esta propuesta?", les preguntó.
Es tal la decepción de esta docena de parlamentarios con los pasos que en materia de aborto está emprendiendo el Partido Popular que han enviado desde el verano tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la última de ellas en enero, que además fue entregada en mano en Moncloa.
Eso sí, según lamentan, no han recibido respuesta alguna desde la Presidencia del Ejecutivo. Tan sólo un grupo reducido de ellos mantuvo un encuentro con el actual ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, una reunión en la que se les pidió paciencia porque, según indicaron, se les prometieron más avances sobre la materia.
De hecho, Hernando esta semana se aferraba a que el Grupo Popular había presentado en 2010 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que sigue pendiente de resolución desde entonces, para señalar que ahí se recogía la postura del PP.
No obstante, en abril del año pasado, el Ejecutivo recordaba a IU que el recurso estaba pendiente de "señalamiento para votación y fallo", y aún no hay noticias.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ELECTORAL
Fue el pasado 18 de febrero cuando Hernando registró la proposición de ley en la Cámara Baja. Es una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "respondiendo a los compromisos electorales", una iniciativa cuyo texto se limita, ante la falta de consenso en la materia, según reconoció, a que a partir de ahora sea obligatorio que las menores informen a sus padres o tutores cuando deseen abortar.
Hernando reiteró que con esta iniciativa el PP "daba cumplimiento a su programa electoral" y "nadie" entre sus filas "debía estar en discrepancia con algo que formaba parte intrínseca" de este compromiso.
"Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia de consenso", añadió, al mismo tiempo que pidió libertad de voto al resto de grupos parlamentarios para el día de la votación. Hernando ha afirmado que su grupo no la necesita, tal y como los 'populares provida' han solicitado en alguna ocasión, ya que esta propuesta forma parte de su programa electoral.
El objetivo es que entre en vigor a final de este periodo de sesiones, en torno al mes de junio, según confirmó. La elección de presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, en lugar de un proyecto de Ley del Gobierno, hace que el texto se salte el examen de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado. El tiempo mínimo para la tramitación de una iniciativa de este tipo puede ser de dos semanas.
Hernando restó importancia al hecho de que se vaya a tramitar la reforma de una Ley Orgánica sin pasar por los órganos consultivos del Estado, ya que, según ha dicho, "lo que está contemplado en esta regulación había sido ya informado por distintos organismos".
En la actualidad, las jóvenes con 16 o 17 años de edad no necesitan el permiso de sus padres o tutores para interrumpir su gestación en España, aunque deben acreditar que han informado a, al menos, a uno de ellos antes de someterse a la intervención. Sólo pueden prescindir de este trámite en caso de que aleguen "fundadamente" que comunicarlo les va a ocasionar un "conflicto grave", conforme establecen el artículo 13.4 de la ley y su desarrollo reglamentario.
REDACCIÓN DE LA PROPUESTA
La iniciativa del PP va en un doble sentido. Por un lado, deroga el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que modificó la Ley de Autonomía del Paciente para sacar el aborto de la lista de excepciones en las que un menor de 16 o 17 años necesita consentimiento paterno para una intervención médica, junto a los ensayos clínicos y la reproducción asistida.
Por otro lado, da una nueva redacción a ese precepto de la Ley de Autonomía del Paciente para añadir que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".
"En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil", precisa la proposición de Ley Orgánica presentada por el PP, que, además, da carácter ordinario a este artículo de la Ley de Autonomía del Paciente, que tras la de Salud Sexual tenía condición de orgánico.
