El Tribunal Supremo confirma cárcel por una estafa piramidal de 5,5 millones en León

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de León a una mujer, empleada de Caja Salamanca y Soria (hoy Unicaja), condenada a 7 años y 5 meses de cárcel por montar una estructura piramidal con la que estafó a familiares y amigos más de 5,6 millones de euros.

El alto tribunal confirma en las cuestiones medulares una sentencia de la Audiencia Provincial de León, que en 2020 había condenado a la acusada, Consolación Suárez, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa de especial gravedad por las cantidades y con abuso de las relaciones personales.

La mujer estafó 5,63 millones de euros a personas de su entorno, a los que hacía creer que altos directivos del banco usaban un sistema opaco con elevadas rentabilidades, con el que captó cantidades entre los 5.000 y los 444.000 euros. Su marido y su hijo quedaron absueltos y Unicaja fue condenada como responsable civil subsidiario.

Ahora la mujer debe compensar a los 136 estafados. En caso de insolvencia, el banco, en tanto que responsable civil subsidiario, deberá asumir las indemnizaciones.

La sentencia de Supremo, del pasado 24 de noviembre y de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, admite en parte el recurso del banco, y declara la responsabilidad civil como partícipe a titulo lucrativo del hijo de la mujer, Diego Lorenzana, puesto que parte de las cantidades defraudadas se depositaron en una cuenta a su nombre.

Admite igualmente el recurso de dos de los perjudicados, personados como acusación particular, que tendrán derecho a percibir intereses moratorios desde la presentación del escrito de personación hasta la fecha de la primera sentencia.

Desestima todos los recursos de Consolación Suárez, quien argumentó, entre otras razones, haber reparado parcialmente el daño causado con la devolución de una parte de las cantidades obtenidas.

La acusada trabajaba como secretaria del director financiero y posteriormente como administrativa en una sucursal en la entonces Caja Salamanca y Soria, después Caja España y hoy Unicaja.

Ideó un sistema para obtener dinero efectivo de parientes y personas cercanas a los que informaba de determinadas inversiones en productos financieros, que estarían reservadas a los altos directivos y que, al alojarse en paraísos fiscales, producían una alta rentabilidad.

Suárez se quedaba los fondos, no los depositaba en la entidad ni contrataba ningún producto financiero. Entregaba a los estafados unos documentos que preparaba ella misma en los que estampaba los sellos de la Caja y una firma ilegible.

En este documento hacía constar la identidad del inversor, la cantidad aportada, el domicilio en un país extranjero de la sociedad depositaria y gestora de los fondos (Mercury Asset Managemente Channel Islands) y la alta rentabilidad, entre otros datos.

Con las entregas de dinero que le hacían iba pagando a otros en concepto de intereses o rentabilidad del supuesto producto financiero, hasta que a finales de 2011 la situación se hizo insostenible y algunos de los inversores hicieron reclamaciones a Caja España, que abrió una auditoría interna.

El marido, el también acusado Bernardino Lorenzana, sabía que su esposa hacía inversiones "reservadas" en productos que no estaban comercializados al exterior pero no supo que esas inversiones no eran reales.

El hijo, que en enero de 2012 tenía 23 años y no había tenido actividad laboral alguna ni contaba con ningún ingreso propio, recibió de sus padres una finca urbana, un vehículo de alta gama, motocicletas e ingresos en cuenta, aunque no llegó a disponer personalmente de dichas cantidades, pues esta cuenta era utilizada por su madre.