El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un paquete de medidas económicas y laborales por valor de 200.000 millones de euros con el fin de taponar la debacle económica y de empleo que ha generado la declaración de estado de alarma por el coronavirus. 

Antonio Valverde Asensio, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, entiende que el Real Decreto aprobado, en el ámbito de lo laboral, busca “encapsular” el brusco parón de la actividad económica. “Las medidas atajan los problemas causados para mantener la solidaridad en estos momentos. No hay precedentes de unas medidas de esta naturaleza porque nunca se ha vivido una situación tan excepcional como ésta”, explica Valverde Asensio. “Es como si el Estado hubiera dicho: este mes lo pago yo”.

Este profesor universitario, que estos días da sus clases de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por vía telemática, entiende que el principal objetivo del Gobierno ha sido que las empresas no opten por la vía que “no tiene vuelta atrás”, la del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la extinción total del puesto de trabajo. 

Para lograrlo propone dos opciones: “relajar” los requisitos para lograr una prestación por desempleo permitiendo que los trabajadores que vayan a un ERTE pero no tengan los días suficientes cotizados (360), cobren la prestación y no un subsidio, de menor cuantía; que esos días de ERTE no computen, manteniendo así intacta la bolsa de días cotizados en caso de que el trabajador se viera afectado en un futuro por un ERE; y la posibilidad de que el trabajador pida una reducción de la jornada de hasta el cien por cien. “En este caso, va a ser importante la colaboración de las empresas, que tienen que ver la necesidad de no perder lo más valioso que tienen: el talento de su plantilla”. 

Antonio Valverde Asensio aclara también que los trabajadores a los que hayan aplicado un ERTE días antes de que el Real Decreto del Gobierno entrara en vigor se beneficiarán de las medidas recogidas en él, aunque las empresas no podrán hacer lo mismo con los procedimientos. Es decir, las medidas son aplicables a los trabajadores pero las empresas no podrán beneficiarse de la agilización de los trámites y plazos para ejecutar un ERTE que se les ofrece, por ejemplo, en el Real Decreto. 

Estas medidas han sido muy criticadas por una de las organizaciones con más peso dentro del sector de los autónomos, ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, ha denunciado que el Gobierno central no haya suspendido el pago de la cuota. En este punto, Antonio Valverde recuerda que dentro de este colectivo hay muchas realidades diferentes y que, el Real Decreto, busca atajar la “emergencia” de empresas que tienen que cerrar y que son claves dentro del tejido productivo (caso del sector hotelero o de la hostelería). En esos casos, si la facturación cae entre un 100% y un 75%, el autónomo puede ir al cese de su actividad y cobrar la prestación por desempleo.  

La canciller alemana, Angela Merkel, ha señalado estos días que Europa no vivía una situación similar desde la II Guerra Mundial. El profesor universitario recuerda, de hecho, que el sistema de salud y el sistema de seguridad social son conquistas que empezaron a fraguarse en dicha contienda. “El Real Decreto aprobado es la demostración de la necesidad de que el Estado atienda todas las situaciones, porque en ésta generada por la pandemia del coronavirus, todos somos vulnerables, y también abre la reflexión sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prestación de servicios públicos”, apunta.

Cámara de Comercio

Los representantes del tejido empresarial en Sevilla hacen "una valoración general positiva" del Real Decreto aprobado por el Gobierno por el hecho de movilizar 200.000 millones de euros, una inyección "histórica", en palabras del director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla Salvador Fernández. 

"Va a suponer una inyección de liquidez muy importante para las pymes que lo necesiten, y en el ámbito laboral va a favorecer los ERTEs que muchas empresas van a necesitar para poder sobrevivir", explica. La Cámara de Comercio sí afea al Gobierno que no haya suprimido la cuota a los autónomos. "El Gobierno debería haber sido más sensible", apostilla Fernández, para el que el reto en los próximos días va a estar en ver "cómo se implementan y llegan estas ayudas a las empresas".