Cuatro de cada 10 asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían denunciado y el sistema debía haberles protegido, denuncian a Efe organizaciones de mujeres, que plantean la necesidad de evaluar los fallos y de reforzar la formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
Con la última mujer asesinada en Olivares (Sevilla), que había denunciado pero no tenía protección, serían 34 las víctimas mortales de la violencia machista este año, de las que 14, un 40 por ciento, se atrevieron a romper su silencio pero el sistema no garantizó su seguridad.
"Hay que formar en violencia de género a todos los operadores jurídicos que intervienen desde que se presenta la denuncia hasta que se resuelve el proceso judicial, para que comprendan y entiendan el complejo fenómeno, cómo actúa la víctima, cómo se comporta el agresor y las señales que alertan del peligro que corre esa mujer que se ha atrevido a denunciar", ha reclamado Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas.
Diez de las víctimas de 2016 consiguieron que un juez acordara medidas de protección, pero en el momento de ser asesinadas sólo cinco de ellas la tenían en vigor.
En el último asesinato, una juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) rechazó la orden de alejamiento porque no apreció una "situación objetiva de riesgo" para ella.
Besteiro ha destacado la urgencia de poner en marcha las unidades de valoración integral del riesgo, previstas en la ley, y que sólo están en algunos juzgados, compuestas por equipos de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, que valoran la situación de la víctima, del agresor y de sus hijos, para aconsejar al juez la medida de protección más adecuada a cada caso.
"En torno al 75 por ciento de las víctimas todavía no denuncia, por eso cuando se fracasa en los casos en que se han atrevido a plantar cara al maltratador, se hace mucho daño al sistema; es importante que todos los errores se corrijan y se llegue a las últimas consecuencias", ha opinado.
En este sentido, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha destacado la prioridad de evaluar cada caso que falla la protección, "porque en cada uno de ellos se está jugando la vida de una mujer".
"El porcentaje de las mujeres que denuncian y luego la retiran está estable, pero nos preocupa el hecho de que hayan bajado las valoraciones de riesgo extremo; me gustaría saber qué ha pasado en este último caso de Sevilla, qué valoración del riesgo se dio a esta mujer asesinada cuando fue a denunciar", ha añadido.
Para la responsable de la Fundación Mujeres, hay que informar a las mujeres "de que denunciar es un factor de riesgo y por tanto hay que hacerlo de manera adecuada".
"Algunos de los mensajes que animan a denunciar a las mujeres sin más tienen que ser tamizados e informar de que hay que denunciar pero también buscar ayuda cuando lo hacen, la que facilite el estado, pero también la que puedan obtener de su entorno y de las organizaciones de mujeres.
Entre los 34 asesinatos de mujeres de este año, hay dos casos en que el asesino quebrantó las medidas de protección con el consentimiento de la víctimas.
En cinco casos, no se continuó con el proceso judicial contra el agresor porque la víctima decidió retirar la denuncia.
Con el asesinato de la mujer en Sevilla, de nacionalidad dominicana, casi se igualan el número de españolas y extranjeras muertas por violencia machista, ya que 18 eran españolas y 16 de otro país.
Veintitrés de las asesinadas, el 70 por ciento, mantenían la convivencia con su agresor, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Tras el asesinato de la mujer de Olivares, con dos hijos, son 24 los niños que han quedado huérfanos por esta violencia.
Por comunidades autónomas, el mayor número de asesinatos de mujeres han ocurrido en Baleares y Valencia (con 5 víctimas), Cataluña (4), Andalucía (3 asesinatos y dos casos registrados en Málaga en investigación), Aragón (3) y Castilla y León (3).
Además de las 34 mujeres asesinadas, hay seis casos que se mantienen en investigación para determinar si se trata de violencia de género, en las localidades malagueñas de Fuengirola y Frigiliana, así como en Porto do Son (A Coruña), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Lugo y Madrid.
El teléfono gratuito 016 es de ayuda a las víctimas de violencia de género y no deja rastro de la llamada.
