La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes un contrato para incorporar un equipo profesional e integral de mediación vecinal que resuelva posibles conflictos, fundamentalmente de convivencia, antes de que se enquisten y terminen en los tribunales. Esta licitación, con una asignación presupuestaria máxima de 72.000 euros, implica la contratación de un equipo de mediación especializado a tiempo completo y dedicado en exclusiva a la prestación del servicio y también un programa de formación de mediadores entre los propios vecinos.

   Este servicio al ciudadano, según el Ayuntamiento, se sustenta en un catálogo de funciones para la resolución de posibles conflictos en comunidades de vecinos, entre particulares y entre vecinos y establecimientos, y todo para evitar la vía judicial y, por tanto, "problemas y costes mayores para los propios interesados", ha argumentado la delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño.

   Se tratará de un equipo de profesionales neutrales e imparciales que se ubicarán en una sede física -la que fije la empresa que resulte adjudicataria-, pero acudirá a los distritos en la medida en que sean demandados sus servicios de mediación, siempre voluntaria para los ciudadanos. Ese equipo, con una experiencia mínima de un año, analizará las versiones de las partes enfrentadas y buscará un acuerdo que frene así que el conflicto se complique más y termine en los tribunales.

PARTICIPACIÓN

   Adela Castaño ha hecho hincapié en que la mediación fomentará la participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas. De hecho, el contrato incluye una planificación específica de talleres de mediación en todos los distritos de la ciudad. El objetivo será formar y capacitar a mediadores vecinales, al tiempo que difundir la propia labor del nuevo servicio.

   Los ciudadanos podrán solicitar la mediación para cuestiones particulares, pero no cuando el conflicto atañe a la administración -pues para este último caso ya existen otros organismos, como el Defensor del Pueblo y del Ciudadano-, que no estén ya en vía penal, que no sean laborales y que no afecten a materias de consumo -son asumidas por la Oficina del Consumidor-.

   Por tanto, será un servicio para cuestiones como conflictos entre comunidades de propietarios o entre vecinos, problemas de convivencia en los espacios públicos, conflictos entre vecinos y establecimientos y problemas de índole cultural o social. "Este proceso que iniciamos hoy para impulsar la mediación extrajudicial como un nuevo servicio público se hará de forma progresiva en la ciudad. El contrato es por un año. Una vez evaluado, analizaremos las posibilidades de incrementarlo", según ha abundado Castaño.

CLÁUSULAS SOCIALES

   La delegada ha reseñado también que la licitación del servicio de mediación recoge cláusulas sociales para valorar las ofertas presentadas por las empresas que aspiren a adjudicarse el contrato conforme al pliego sobre cláusulas sociales aprobado hace mes y medio por el gobierno municipal. Y entre las obligaciones de la adjudicataria estarán no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo de los empleados en materia de jornada y salario; el 40 por ciento de la plantilla nueva para la ejecución del contrato deberá estar formada por mujeres; en ningún caso, las contrataciones podrán implicar directa o indirectamente el despido de miembros de la plantilla de la empresa o una reducción de jornada o retribuciones de sus empleados; al menos un 10 % se efectuarán entre personas desempleadas de colectivos con dificultad de acceso al mercado de trabajo a jornada completa, siempre que así lo permitan las circunstancias del contrato y las condiciones del mercado laboral, y penalizaciones si se retrasa el pago de las nóminas a la plantilla.

   Por otro lado, el Ayuntamiento ha sacado licitación un contrato, con una asignación presupuestaria máxima de 20.000 euros, para que personal especializado desarrolle acciones formativas dirigidas a las entidades ciudadanas de todos los distritos.

   El objetivo, según ha señalado Adela Castaño, es formar a las entidades en cuestiones tales como las tramitaciones de constitución, organización y funcionamiento conforme a la legislación vigente; la gestión y el control de los recursos económicos y financieros, mediante generación de ingresos propios o acceso a las subvenciones y su justificación, y la utilización de las distintas herramientas de Participación que se impulsen desde el Ayuntamiento.