La familia de un preso esquizofrénico que lleva 23 meses en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) sin recibir tratamiento adecuado a su enfermedad ha solicitado su traslado a un centro psiquiátrico penitenciario para cumplir otros seis meses de internamiento que le ha impuesto el Juzgado de lo Penal número 5.
El recluso, Andrés V.B., padece una esquizofrenia paranoide irreversible, unida al abuso de cocaína y heroína, y en noviembre de 2013 el Juzgado de lo Penal número 2 le impuso una condena de 23 meses de internamiento en un centro psiquiátrico por robar a su padre e incumplir una orden de alejamiento.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado, Diego de la Cruz, explica que su cliente se encuentra actualmente "cumpliendo" medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico por tiempo máximo de 23 meses, plazo máximo "que se cumple" este mismo domingo día 12 de julio.
El letrado mantiene que, "frente a la afirmación de los funcionarios" de la cárcel --"asumida" por el Juzgado de lo Penal número 2-- de que el reglamento "atribuye a la administración penitenciaria la competencia para determinar el lugar de cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico", la administración penitenciaria "ha sustituido 'de facto' la medida de internamiento en centro psiquiátrico por pena de prisión en un pseudo primer grado penitenciario".
Y es que, "al no ser clasificado, ni ha disfrutado de permisos --ni de salidas terapéuticas al no existir psiquiatra que le trate--, ni ha podido acceder a ningún beneficio penitenciario --tercer grado y/o libertad condicional", pone de manifiesto el abogado en el escrito elevado al Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla, consultado por Europa Press.
Al hilo, asevera que su cliente, "durante estos ya casi 23 meses que ha estado en prisión, ha visto vulnerado su derecho fundamental a la salud --mental--, pues no ha sido examinado clínicamente ni tratado por psiquiatra alguno", punto en el que alude a un expediente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el que se incluye el informe inicial de cumplimiento de la medida de seguridad --abril/mayo de 2014-- y su revisión --noviembre/diciembre de 2014--.
APARICIÓN DE IDEAS DELIRANTES
En este expediente "se constata que en el equipo multidisciplinar que debiera tratar psiquiátricamente" a su patrocinado "no existe psiquiatra alguno", así como que la subdirectora médica del centro, en el informe de seguimiento, 'fotocopia' el informe de 14 de abril de 2014 "sin ni tan siquiera cambiarle la fecha pese a la 'alerta' sobre el deterioro de la salud mental del paciente que realiza el informe psicológico --aparición de ideas delirantes--".
Además, "el informe de seguimiento semestral previsto legalmente, que debía haberse realizado en abril de 2015, no ha sido realizado", pone de manifiesto el letrado, que agrega que, en este testimonio, "se incluye informe del psiquiatra forense señalando la necesidad de tratamiento médico psiquiátrico aún sin consentimiento del interno".
En este informe, el psiquiatra forense "señala que, una vez valorado clínicamente, el tratamiento psiquiátrico puede seguirse en el centro penitenciario, pero esta afirmación parte de un error palmario, y es que el forense del Instituto de Medicina Legal cree que en el centro penitenciario existen psiquiatras".
Para ello, el letrado aporta la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de Morón y la hoja informativa de Instituciones Penitenciarias "acreditativa de que los facultativos médicos del centro penitenciario son especialistas en atención primaria o medicina interna, no en psiquiatría".
SEIS MESES DE INTERNAMIENTO
"Cualquiera que sea el sentido de la contestación del centro penitenciario sobre las condiciones del mismo para el 'efectivo tratamiento psiquiátrico', resulta evidente que no puede efectuarse seguimiento de tratamiento psiquiátrico sin psiquiatra", asevera el letrado, que pide al Juzgado que acuerde su "inmediato" traslado a un centro psiquiátrico penitenciario para el cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento por plazo máximo de seis meses que le ha sido impuesta.
Así, el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla lo ha condenado a seis meses de internamiento en centro psiquiátrico por un delito de atentado por agredir a un guardia civil cuando intentaba saltar la valla de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. El condenado creía que el lugar al que intentaba entrar era en realidad un centro de desintoxicación donde le habían estafado 2.500 euros.
