La dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen García Sánchez, ha declarado este martes como imputada por un delito de estafa tras vender el negocio ocultando que la juez que investiga el caso de los ERE irregulares le había embargado sus participaciones sociales en el mismo a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 1.990.689,36 euros que le impuso, y ha defendido que no hizo constar dicho embargo en el contrato de compraventa porque "no hacía falta".

   Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su declaración ante la juez de Instrucción número 15 de Sevilla, la propietaria de Río Grande ha explicado que el contrato de compraventa se formalizó en octubre de 2013 y en el mismo no se incluyó que la juez Mercedes Alaya le había embargado en mayo de 2012 sus participaciones sociales en el negocio --que ascienden a un 99 por ciento del total-- "porque no hacía falta" y porque, además, el comprador "conocía" este extremo al derivar de un caso conocido y "mediático" como es el de los ERE.

   María del Carmen García Sánchez, que también está imputada en el caso ERE, ha explicado que el comprador, natural de Sevilla, le llegó a entregar como señal y por medio de un cheque 500.000 euros para la compra tanto del negocio como de las dos fincas sobre las que se asienta el mismo en la calle Betis de la capital hispalense, cuyo valor total alcanzaba unos seis millones de euros.

   La imputada ha señalado que, antes de la denuncia interpuesta por el comprador el pasado día 6 de enero estaba dispuesta a devolverle la cantidad entregada como señal, pero ha aseverado que "ya no se la va a devolver porque la ha denunciado".

   Asimismo, la propietaria del restaurante ha asegurado que en diciembre de 2013 comunicó a la juez Mercedes Alaya su intención de vender el negocio, "aunque no que lo hubiera vendido ya", según han aseverado las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

   Fue cuando el afectado fue a escriturar la compra cuando se le informó de que la juez Alaya mantenía embargadas a la dueña de Río Grande sus participaciones sociales en el negocio, a lo que se suma que la propia Río Grande había sido declarada responsable civil subsidiaria de la fianza impuesta a María del Carmen García.

   Por este motivo, el afectado dio por resuelto el contrato de compraventa y reclamó a la imputada el dinero entregado a cuenta.

   En fechas posteriores a estos hechos, cabe recordarlo, la juez Alaya embargó el propio restaurante, otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila), mientras que también ordenó embargar a la dueña del restaurante sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

TASACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

   En este sentido, el abogado del restaurante Río Grande ha recurrido el decreto de embargo y ha pedido que se realice una tasación de todos estos bienes para, a continuación, levantar el embargo trabado "sobre aquellos bienes para los que, a la vista de las valoraciones practicadas, se muestre innecesario y perjudicial para el responsable civil" dicho embargo.

   En su recurso de revisión, consultado por Europa Press, el letrado estima "no ajustado a derecho" el embargo de los bienes referidos, los cuales "superan con mucho el doble de la cantidad a afianzar, causando un perjuicio innecesario a la mercantil", recordando que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "será suficiente que la valoración de los inmuebles embargados sea el doble que el de la fianza constituida en metálico".

   A este respecto, adjunta la oferta vinculante que Banesto le remitió para la concesión de un préstamo hipotecario, con fecha 29 de noviembre de 2012, por la que "el valor sólo" de la finca donde se ubica el restaurante "asciende a 5.238.957 euros, y tal y como se desprende de la lectura de la nota simple aportada por la Guardia Civil, responde de hasta 9.189.692,8 euros".