La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al exgerente de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) -participada en solitario por el Ayuntamiento- Rafael Pineda dentro de la investigación por la presunta venta irregular de aproximadamente mil vehículos abandonados custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que dependía de la propia Lipasam.
En una providencia dictada el pasado 21 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Patricia Fernández Franco imputa tanto a Rafael Pineda, al que cita a declarar el próximo 8 de enero de 2014 en su calidad de gerente de Lipasam durante 2007 y 2008, como al que fuera jefe de Relaciones Externas e Institucionales de Lipasam hasta 2009 y posterior jefe del servicio de Inspección Enrique Herbello Naveiro, que comparecerá ante la instructora el 16 de enero.
Estas diligencias, en las que figuran como imputados por cohecho y falsedad documental el responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados y el propietario de un desguace, se remontan al mes de junio de 2012 y parten de la denuncia promovida por la Gerencia de la propia sociedad municipal Lipasam.
En concreto, la investigación corresponde al destino de aproximadamente mil vehículos abandonados depositados en la Oficina de Vehículos Abandonados de Lipasam y presuntamente entregados a diversas chatarrerías al margen del procedimiento oficial, pues Lipasam no habría obtenido contraprestación económica alguna por la entrega de los coches.
La juez también cita el 8 de enero, aunque como testigos, al que fuera director de Recursos Humanos de Lipasam entre febrero de 2010 y agosto de 2011, Manuel Torreglosa, a fin de "aclarar determinados extremos" de su declaración ante la Policía, y a Manuel Alejandro Pulido "como encargado del control de la gestión económica y las inversiones".
A este último lo cita a declarar para "aclarar y ampliar" su declaración policial y para preguntarle "sobre la concreta intervención de Lipasam en la determinación de precios de los vehículos retirados de la vía pública tanto por el gestor autorizado como por la Policía Local y la empresa concesionaria del servicio de la grúa", así como para cuestionarle sobre "si pudo existir relación contractual con Desguaces A-92 previa a la que consta documentada".
