La confirmación por parte del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, de que se abre un periodo de negociación con la plantilla de la Gerencia de Urbanismo (GU) para reducir sus sueldos e integrarlos en la Delegación, sin descartar su disolución, ha provocado las críticas de la plantilla, que ha pedido explicaciones, especialmente cuando el pasado 23 de julio tanto el primer edil como Maximiliano Vílchez, delegado del ramo, se comprometieron a reforzar este organismo y garantizaron su permanencia.
Así, CCOO-Sevilla, que ha criticado haberse enterado por la prensa de la intención de disolver la GU, ha exigido al alcalde que “clarifique la situación”, más aún cuando el 23 de julio, en una reunión con Zoido y Vílchez para analizar la situación y futuro de la Gerencia, ambos “se comprometieron a reforzar este organismo y ratificaron su permanencia”.
CCOO ha enmarcado “este tipo de noticias” en su estrategia para abordar el próximo convenio colectivo. “Si es parte de la estrategia, el Ayuntamiento se está equivocando claramente”, sentencia.
Por su parte, el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, Manuel Loza, ha mostrado a Europa Press su “sorpresa” por esta situación y advierte que los trabajadores se imaginaban que algo así podía ocurrir, por lo que han solicitado una reunión con Vílchez “para ver esa propuesta, porque nos tememos que detrás de todo esto haya destrucción de empleo y recortes salariales”, extremos a los que se oponen.
Según confirmaba el propio alcalde en rueda de prensa, se están iniciando las negociaciones pertinentes con la plantilla de la GU para que queden integradas directamente en la Delegación de Urbanismo, lo que iría acompañado de una rebaja salarial, reconociendo que en algunos de los encuentros mantenidos ha estado él presente.
Así, se pretende que los trabajadores acepten una “adaptación salarial” para su integración en el Ayuntamiento más allá de este organismo. “Estamos en el inicio de las conversaciones para conseguir estabilidad en el empleo con un ajuste salarial”, sentencia.
El objetivo es una rebaja salarial que rondaría el 30% y que implicaría la transformación de estos empleados públicos en funcionarios del Consistorio.
A pesar de esta confirmación, posteriormente en una entrevista en Onda Cero, Zoido sí que incluyó a la Gerencia de Urbanismo como una de las posibles soluciones a la hora de construir los aparcamientos de San Martín de Porres y el Prado si finalmente ninguna empresa acepta hacerse cargo de las obras en el procedimiento negociado abierto. Eso sí, aseguró que “no se rebajarán las condiciones ni se modificarán las garantías” del pliego inicial.
La oposición también
Tampoco la oposición ha dejado pasar de largo el asunto. Así, el portavoz socialista, Juan Espadas, ha manifestado que apoya claramente una “adaptación salarial” pero se opone a la desaparición de la Gerencia al considerarla una “estructura organizativa especializada” y “clave” para la Administración local.
Espadas ve “lógico” que se adapten los salarios porque hay “más de cien sueldos mayores que el del propio alcalde”, pero eso no debe implicar su “supresión”, comparando esta situación con la de Emvisesa, en la que el mensaje final es que “hay que adaptar la estructura al trabajo real, dejándola en lo mínimo o directamente privatizándola”, ha resumido.
Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha exigido al alcalde que convoque la comisión de seguimiento del PGOU, además de una reunión con los distintos portavoces de los grupos políticos para que explique la “vorágine de noticias inconexas y graves que afectan a la mayoría de los sevillanos” y que asegura se han realizado de forma “opaca”.
Torrijos ha señalado a Europa Press que el alcalde debe dar “explicaciones” ante la “situación grotesca creada” después de que hayan quedado desiertos los concursos de los aparcamientos del Cid y de San Martín de Porres, ante la ampliación de la zona azul, con el desarrollo del puente de la Cartuja o ante la “inexistencia” de reglamento de la comisión de seguimiento del PGOU, asuntos todos ellos que, en su opinión, demuestran “una imprevisión y un oscurantismo del gobierno de Zoido inadmisible, además de una política errática e indefinida”.
