Un juez de Sevilla ha rechazado una demanda del dueño de la inmobiliaria Contsa, acusado de una estafa piramidal con 1.653 afectados, quien reclamó casi 6 millones de euros a los administradores judiciales de su empresa por mala gestión.
El dueño de Contsa, José Salas Burzón, reclamó a los tres administradores concursales 5.803.881 euros en daños y perjuicios, pero el juez de lo Mercantil 1 le responde que se trata de un cálculo "irreal" y que el empresario pretende que los demandados, además de gestionar la empresa, "saquen a Contsa de la insolvencia y la dejen en situación de prosperidad".
Contsa está en concurso de acreedores con 1.653 afectados y un déficit de 87 millones de euros, por lo que su dueño tiene pendiente un juicio por presunta estafa piramidal en el que el fiscal solicita para él trece años de cárcel por delitos de estafa, falsedad, insolvencia punible y delito societario.
Salas justificó su demanda en el daño causado por "la reiterada negativa de la administración concursal a facilitar información sobre la marcha de la empresa, el incumplimiento de sus obligaciones contables, una actitud de "abandono y desinterés", la venta sin autorización judicial de un inmueble y el cierre de la actividad de la empresa.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, dice que llama la atención que Salas hablase en su demanda de nueve procedimientos de ejecución hipotecaria sobre sus bienes pero sólo cuantificó los daños derivados de uno de ellos.
Pero añade que Contsa no tenía en sus cuentas dinero para pagar sus deudas, lo que "suponía una difícil tesitura para la administración concursal, que sin dinero suficiente tenía una pléyade de deudas hipotecarias".
Además, según la sentencia, la ejecución hipotecaria "es el resultado de la insolvencia del deudor, situación que desde luego no se puede imputar a la administración concursal".
Sobre la no explotación de sus inmuebles, el juez afirma que los administradores concursales "no son un sustituto del empresario ni tienen además que llevar a cabo una actividad exitosa".
El dueño de Contsa pretendía que los administradores, "además de sus importantes funciones procesales", tuviesen la obligación de "sacar a la empresa de la insolvencia y dejarla en situación de prosperidad", lamenta el juez.
Al desestimar íntegramente sus pretensiones, sin que el caso plantease ninguna "duda de hecho o de derecho", el juez impone al empresario el pago de todas las costas judiciales.
Según una práctica de varios jueces sevillanos, el magistrado de lo Mercantil precisa en su sentencia que no ha podido dictar la resolución en plazo por el volumen de asuntos que acumula su juzgado, pues el módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de entre 339 y 399 asuntos y en 2012 ingresó 1.557 casos.
