El comité de empresa de Sevilla Global y la oposición han reclamado al Gobierno del PP que acate la sentencia del TSJA y readmita a los 43 trabajadores despedidos, exigiendo responsabilidades políticas como el cese del delegado de Empleo, Gregorio Serrano, y del gerente de la sociedad, Pedro Maestre. Por su parte, Juan Ignacio Zoido ha defendido su disolución y su promesa de eliminar la administración paralela.

El portavoz del comité de empresa, José Carlos Cuerda, tras reunirse con la socialista Susana López, considera que la sentencia es “demoledora” y pone de relieve que “esta gente está fuera de la Ley” y “la mentira del PP en cuanto a que había una obligación legal de disolver la empresa por un problema de solvencia”.

Visiblemente encendido, Cuerda ha reclamado al alcalde que pida “perdón” a las “víctimas” de estos despidos y ha negado que Sevilla Global funcionase como una administración paralela. “Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o París tienen agencias de fomento económico. No se trata de un secreto de Sevilla. Son instrumentos de la administración para ser efectiva y operativa”, decía.

López, de su lado, ha manifestado que la sentencia prueba que todo el procedimiento ha estado plagado de “irregularidades, ilegalidades y fraude de Ley”. A su juicio, queda de relieve que el Ayuntamiento “decidió descapitalizar la empresa para justificar su cierre y echar a 43 trabajadores”, sentencia que ha extrapolado a los casos de Giralda TV y Mercasevilla.

Ambos han defendido la utilidad de Sevilla Global y han reclamado al Gobierno municipal del PP que acate la sentencia, pues cabe recurso de casación y el cese del concejal Gregorio Serrano y del gerente de Sevilla Global, Pedro Maestre.

También el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha pedido que se acate una sentencia  que da la razón a los trabajadores y prueba que el alcalde ha intentado anular un instrumento que favorecía la actividad socioeconómica.

Por su parte, el propio Zoido ha defendido su decisión inequívoca de disolver la sociedad alegando su compromiso de erradicar “la administración paralela”, pues según sus palabras Sevilla Global “duplicaba lo que se estaba haciendo desde una delegación municipal y no tenía sentido mantenerla”, toda vez que sus trabajadores “no habían ingresado superando ningún tipo de prueba”.

Zoido ha considerado que la sentencia, que aún estudian si recurrir, se centra principalmente en “los requisitos” para consumar las extinciones de contrato, incidiendo en el informe de la Intervención General que decía que “estaba en causa de disolución”.