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Miércoles 27/11/2024
 
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Sevilla

Los empleados de Sevilla Global alegan fraude de ley

Creen que ha habido un trasvase de activos financieros

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  • Edificio de CREA -

Los 43 trabajadores de la empresa municipal Sevilla Global, liquidada por el gobierno municipal del PP, han denunciado un “monumental fraude de ley” en su despido colectivo porque creen que no existen las pérdidas alegadas y se ha producido una sucesión de funciones a otras entidades municipales.

El juicio se celebró días pasados ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ahora las partes han presentado por escrito sus alegaciones finales. En ellas, el representante de los trabajadores se ha opuesto a la disolución de Sevilla Global dentro de un Plan de Ajuste y ha alegado que el empresario real es el Ayuntamiento, pues existe “una clamorosa confusión de plantillas” así como caja única, unidad de actividades y “clamoroso trasvase de activos financieros”.

Las causas económicas alegadas por el Ayuntamiento no existen, sino todo lo contrario, y en el juicio se demostró que las supuestas pérdidas “se basaron exclusivamente en el deterioro del Parque Arte Sacro” y en “artificios contables”, según los despedidos.

El abogado de los trabajadores, Miguel Cuéllar, afirma que las cuentas presentadas eran “erróneas y manipuladas” y demuestran una “mala fe evidente”, pues los liquidadores firmaron el 28 de septiembre de 2012 unos balances “sin apenas pérdidas” y uno de ellos afirmó el 13 de septiembre que las pérdidas eran de 3,7 millones de euros.

El Ayuntamiento decidió crear el ente y le transfirió personal del Área de Economía, y cuando decidió liquidarlo ordenó de nuevo su transferencia al Ayuntamiento “por su simple voluntad, una organización empresarial completa: edificios, actividad, medios materiales, y se prueba la continuidad en la prestación del servicio público”, añade el letrado.

Por ello, considera que se produjo una “perfecta sucesión empresarial”.

En cuanto a los trabajadores, Cuéllar denuncia la vulneración de derechos fundamentales al seleccionar a los once cuyos contratos no se iban a extinguir y “se alteraron los organigramas de la empresa para blindar su propia posición y elegir a los trabajadores más afines ideológicamente”.

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