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Sevilla

La Audiencia tiene "libertad" para "absolver, condenar" o ratificar lo explicado respecto a Samuel

Ordenará ejecutar la sentencia del Supremo durante la próxima semana, cuando Carcaño cumple los cuatro años máximos en prisión provisional

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La Audiencia Provincial de Sevilla interpreta que, a falta de que le sea notificada la sentencia del Tribunal Supremo que le ordena emitir un nuevo fallo respecto a Samuel Benítez "al objeto de reexaminar su posible participación como encubridor" en el caso Marta del Castillo, tiene "libertad de criterio" para "absolver, condenar o para decir" que la sentencia por la que absolvieron al joven "está bien explicada" y fundamentada y que, por tanto, "no tienen nada que explicar".

   Fuentes judiciales de la Audiencia Provincial de Sevilla han subrayado a Europa Press que están a la espera de que el Tribunal Supremo les notifique oficialmente el fallo para estudiarlo junto a los CD que contienen la grabación del juicio por el asesinato de la joven sevillana, y a partir de ahí "procurarán ver" este caso "con profesionalidad y teniendo en cuenta la gravedad del asunto".

   Hay que recordar que, en su fallo, la Sala de lo Penal del Supremo tachó de "ilógica" de las pruebas existentes en relación a la hora en que el cadáver fue sacado del piso de León XIII, de forma que "debe ser el mismo Tribunal el que debe volver a valorar dichos elementos" y dictar un nuevo pronunciamiento sobre este punto "al objeto de reexaminar la posible participación como encubridor" de Samuel Benítez, todo ello "con libertad de criterio y respeto por las reglas de la lógica".

   Las fuentes, en este sentido, han remarcado que lo ordenado por el Supremo supone "un trabajo abrumador" y "le rompe el paso" a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, ya que el ponente de la sentencia sobre el asesinato de Marta es Juan Romeo, el mismo ponente que en el caso del robo de 154 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, hechos que fueron enjuiciados a finales de enero y que, a día de hoy, están pendientes de sentencia.

   No obstante, han indicado que "habrá que darle salida" a la nueva sentencia que ordena el Supremo, algo que "van a estudiar con detenimiento", punto en el que han explicado que "es como si hoy hubiera terminado el juicio y hubiera que dictar el fallo", por lo que cuentan con el plazo habitual en estos casos para dictar su nuevo pronunciamiento, que además es recurrible en casación por cualquiera de las partes ante el Supremo.

   Respecto a la sentencia del Supremo, han explicado que el fallo ya es firme respecto a Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García, aunque no así para Samuel, y que a los tres primeros les ha comenzado ya a correr el plazo para recurrir, si lo estiman conveniente, ante el Tribunal Constitucional.

   Al hilo de ello, las fuentes consultadas han señalado que la Audiencia Provincial comunicará posiblemente durante la próxima semana a la cárcel de Morón de la Frontera la sentencia firme emitida por el Supremo y ordenarán ejecutar la misma, por lo que a partir de ese momento el asesino confeso, que el próximo día 13 de febrero cumple el máximo legal permitido de cuatro años en prisión provisional, pasaría al módulo de penados.

   Volviendo al contenido de la sentencia emitida por el Supremo, las fuentes han indicado que los magistrados de la Sección Séptima "no se sienten desautorizados" por el hecho de que el Alto Tribunal haya tachado de "arbitraria" su conclusión respecto a la hora en que el cuerpo salió de la vivienda de León XIII, ya que "la arbitrariedad es un concepto jurídico".

   "En su sentencia, los magistrados de la Audiencia concretaron cosas que las acusaciones no habían precisado, y ahí puede estar su fallo", han reconocido las fuentes.

   Por último, las fuentes han querido dejar claro que la Sección Séptima "ya sugirió" en su sentencia que se condenara a Miguel Carcaño a pagar, en concepto de costas, los gastos generados por la búsqueda del cadáver en el río Guadalquivir y el vertedero de Alcalá de Guadaíra, algo que ha estimado el Alto Tribunal.

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