La Fiscalía ha denunciado en el juzgado a dos exdelegados provinciales de la Consejería de Innovación en Sevilla por los posibles daños al medio ambiente como consecuencia de la explotación de una mina en la localidad sevillana de Morón de la Frontera (Sevilla).
Ecologistas en Acción, que presentó la denuncia, ha informado hoy de que los imputados son Francisco Álvaro Julio, delegado provincial hasta mayo de 2008; su sucesora María José Martínez Perza; el jefe de servicio de Industria, José Antonio Vega, y el jefe del Departamento de Minas, Juan Manuel Revilla, quienes declararon como imputado en marzo pasado en el juzgado de instrucción 11 de Sevilla.
La denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, recoge que los altos cargos fueron denunciados por posibles omisiones de actuación que hubieran podido evitar "daños irreversibles en la flora y fauna", si bien un informe de la Guardia Civil no encontró ningún indicio de delito.
Los hechos se refieren a la mina Sierra de Morón, cuyo titular es la empresa Sidemosa, y de la que el Departamento de Flora y Fauna de la citada delegación calificó en el verano de 2007 como "falsa restauración" la propuesta por la compañía.
Según dicho informe, supuestamente "iba a producir una destrucción irreversible a poblaciones de flora y fauna a los hábitats de importancia comunitaria que la sustentan".
Ecologistas en Acción denunció a los altos cargos por su supuesta pasividad pero el Seprona de la Guardia Civil emitió un informe según el cual "no se ha encontrado fundamento alguno para poder asegurar que se haya cometido prevaricación ni dejación de funciones por parte de los funcionarios denunciados".
"El seguimiento administrativo del expediente ha sido correcto en tiempo y forma" y no se concedió a la empresa Sidemosa "ninguna actuación que no haya cumplido las exigencias legales en todo momento", según dicho informe.
Pese a ello, la Fiscalía denunció el caso en el juzgado porque desde febrero de 2011 había pedido "en múltiples ocasiones" a la delegación provincial de la citada consejería un informe sobre la mina que, a fecha de enero de 2012, aún no había presentado.
Por ello, en su denuncia dejó claro que el objeto era que el juzgado llevara a cabo "las diligencias de investigación que a este Ministerio Fiscal le han sido vedadas", y afirmó que posiblemente, una vez acreditados los hechos, pudiera ser necesario archivar el caso.
