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Miércoles 27/11/2024
 
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Sevilla

Plataformas de empleados públicos y el sindicato Safja se manifiestan el 16 de junio en Sevilla contra recortes de Junta

Han decidido convocar una manifestación en Sevilla el día 16 de junio 00, que partirá de la plaza de la Encarnación hasta el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía

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Diversas plataformas de empleados públicos y el sindicato Safja se manifestarán el próximo el 16 de junio por las calles Sevilla para protestar en contra del plan de ajuste y contra los "recortes" de la Junta de Andalucía.

   En una nota, la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA)  han indicado que los representantes de distintas plataformas provinciales de empleados públicos de la Junta de Andalucía, la Asociación Aidós y la Asociación Al Andalus han decidido convocar una manifestación en Sevilla el día 16 de junio 00, que partirá de la plaza de la Encarnación hasta el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

   Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) han indicado a Europa Press que también acudirán a dicha movilización.

   La PEPA ha recordado que los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía ya llevan dos años movilizándose "por el atropello que supuso la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz o 'Ley del enchufismo', fruto atropellado, maquillado y patrocinado de los decretazos", y que "supone la incorporación como empleados públicos de alrededor de 30.000 personas provenientes del sector instrumental".

   Apuntan, aludiendo al plan de ajuste planteado por la Junta de Andalucía, que los empleados públicos, "siempre hemos sido los primeros en sufrir los recortes salariales de las crisis, y que nunca hemos recuperado el poder adquisitivo en épocas de bonanza, todo lo contrario de lo que ha sucedido en el sector privado y en el instrumental público".

   Así, aseguran que "los últimos cuatro años hemos perdido más del 20 por ciento de poder adquisitivo, sin adicionar lo perdido en años anteriores ni lo anunciado en el plan de recortes de la Junta de Andalucía".

   "Nosotros no somos culpables de la crisis, ni del derroche, ni de la desatinada gestión del Gobierno, pero parece una venganza contra nuestro pertinaz activismo", ha agregado esta plataforma, que apunta que "si de algo es culpable es de haber elegido una carrera administrativa, que es una elección personal por la que concurrimos es procesos legalmente establecidos y no un privilegio graciosamente otorgado por ninguna majestad".

PETICIONES

   Por ello, estas plataformas exigen que "se revoquen las medidas de recortes del Gobierno andaluz contempladas en el marco del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para el 2012-2014, y de la que sólo el Gobierno andaluz será responsable".

   Asimismo, reclama "un amplio proceso de regeneración y racionalización de la Administración que se ponga verdaderamente al servicio del interés general, eficaz y eficiente, transparente en su gestión, objetiva, imparcial e independiente de intereses privados y partidistas".

   Pide que "no se contraten servicios a empresas externas y reducir la administración instrumental a su justa medida", además de la creación de una comisión de investigación parlamentaria para "conocer el número de personas contratadas en las entidades instrumentales sin la concurrencia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente".

   La plataforma demanda que se atribuyan "mayores competencias y capacidad de control de fiscalización del presupuesto a las intervenciones --General y delegadas-- con control exhaustivo en tiempo real de cada uno de los gastos --y su correspondencia con bienes o servicios reales--, sustituyendo las auditorías y el control financiero permanente, y fortaleciendo la función inspectora de los servicios, subvenciones y ayudas".

   Además pide que se atribuyan más medios y capacidad de control a los órganos externos en la ejecución del prepuesto económico-financiero, esto es, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas y Parlamento; y que se "refuerce profesionalice y dote de una mayor independencia a la Inspección General de Servicios, como garante máximo del cumplimiento de la legalidad e imparcialidad en el seno de la Administración Pública".

   También instan a todos los empleados públicos a "mantener una actitud de disconformidad y defensa activas ante un interesado ataque contra el activismo" y a "no colaborar con el personal de la "administración paralela", denunciando el derroche, la duplicidad de puestos y funciones, adoptando cuantas medidas laborales y legales que estén en nuestras manos".

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