La comunidad científica y los movimientos ecologistas y ciudadanos han conseguido que la Junta de Andalucía atienda, al menos parcialmente, sus denuncias ante el incremento de vertidos tóxicos procedentes de la futura Minera Los Frailes, en Aznalcóllar, pero también de las procedentes de Cobre Las Cruces, al río Guadalquivir así como a su estuario y los últimos informes científicos serán analizados en el periodo de alegaciones de una Autorización Ambiental Unificada que aún no está redactada.

Así lo ha confirmado el consejero de Industria, Minas y Energía, Jorge Paradela, que ha asegurado que la Junta ha decidido “atender” el último informe de un catedrático concreto que se recibió fuera del plazo de alegaciones y de información pública “porque nos parece lo más sensato como administración”, de forma que se analizará “en el conjunto del resto de alegaciones”.

“Todavía no se ha emitido la Autorización Ambiental Unificada”, recordaba Paradela, que insistía en defender el trabajo y el rigor de los técnicos y “que estamos yendo a los parámetros ambientales más exigentes” a la hora de autorizar el proyecto minero de Aznalcóllar, que gestionará Minera Los Frailes, y en especial “con los parámetros de vertido”.

 

También ha recordado que esta mina es “completamente distinta” a la del desastre de Boliden, puesto que es subterránea, “no habrá una corta a cielo abierto, no habrá balsa de residuos y de hecho, también será una mina” (por la actual), mientras que la considera “idónea” desde el punto de vista de la gestión del agua, porque el 80% del agua que se utiliza en el tratamiento del mineral se reutilizará como parte del proceso.

El informe sobre la hidrodinámica

El informe al que hace alusión el consejero es el del catedrático de Ecología de la US, Jesús Castillo, que alerta de que en el proyecto de Minera Los Frailes de Aznalcóllar ni se han tenido en cuenta la hidrodinámica del Guadalquivir ni el efecto acumulativo de los vertidos que también contempla Cobre las Cruces, ya en actividad y que ahora se incrementará.

Castillo ha realizado mediciones de contaminación las dinámicas hídricas del estuario como resultado de las mareas, las cuales harían que los metales pesados permanezcan en el fondo del cauce durante años, llegando a afectar a los cultivos de arroz, la cría de alevines, o las ganaderías que pastan en las cercanías del estuario.

De hecho, las asociaciones ecologistas ya han denunciado que Minera Los Frailes no ha presentado estudio alguno sobre la acumulación y sedimentación de esos metales tóxicos en el lecho del Estuario, más aún cuando consideran que la zona propuesta de vertido es la parte interior del Estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya se encuentran contaminados con metales con efectos eco-tóxicos, como recoge un estudio científico reciente, señalan.

Además, aseguran que esta zona interna del Estuario se comporta como “fondo de saco” por lo que los contaminantes tienden a acumularse en sedimentos con fuerte adhesión al fondo, como también demuestran multitud de publicaciones científicas. Al “fondo de saco” se une la existencia del “tapón salino” aguas abajo y a la influencia mareal, lo que provoca que el tiempo de residencia del agua en el Estuario sea superior a 100 días, lo que asegura un largo periodo de permanencia de los contaminantes en aguas y sedimentos del estuario.

“Todos estos aspectos de hidrodinámica y fisicoquímica del estuario han sido ignorados en el proyecto de vertido minero. Siguiendo el Principio de Prevención, base rectora de la legislación ambiental, no debe autorizarse este vertido minero ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero”, esgrimen los ecologistas.

Los científicos también lo corroboran

Son las mismas conclusiones que se extraían de la reciente la declaración final de la Jornada “El estuario del Guadalquivir frente a los residuos mineros”, en la que diferentes científicos procedentes de las universidades de Granada, Cádiz, Huelva y Sevilla reclamaban a las administraciones un estudio independiente de la hidrodinámica, la fisicoquímica y el funcionamiento de los ecosistemas del Estuario antes de autorizar más vertidos al río.

En opinión de los científicos, “cualquier actuación potencialmente contaminante en el Estuario del Guadalquivir o en su entorno debe someterse al “principio de regresión/no deterioro”, apelando a sentencias judiciales como las del Supremo con el dragado de profundización del Puerto de Sevilla, y entienden que esas mismas condiciones “concurrirían en el caso de vertidos mineros potencialmente contaminantes si el Plan Hidrológico del Guadalquivir no explicara, ni justificara, ni valorara estos vertidos”.

Para los ponentes “cualquier actuación potencialmente contaminante debe considerar la conectividad de un sistema estuarino altamente dinámico, desde su desembocadura hasta la presa de Alcalá del Río, incluyendo los impactos en la Reserva de Pesca, la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000 y el Parque Nacional de Doñana”.