"La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir". J Benigne Bossuet
Un buen gobierno, sea en el ámbito nacional, autonómico o local, es aquel formado de manera equilibrada por buenos políticos acompañados por técnicos eficaces que, en paralelo, son capaces de ejercer con soltura cada uno su labor y avanzar. Una cosa es la visión política y su gestión, necesaria, otra los procedimientos administrativos adecuados para su tramitación en el menor tiempo posible y este es el drama que hoy sacude a las administraciones respecto a la combinación de ambas cosas. Se tuerce cuando el político se extralimita y pretende actuar por encima del criterio técnico y, tanto o más, cuando el técnico se endiosa y se convierte en un muro de contención para cualquier avance político; en ambos casos la gestión se ralentiza hasta el punto de que casi se detiene y lo hace pese a que el sistema resulta muy caro y lo paga, en el doble sentido, el ciudadano. Va a colación porque para que el sistema funcione es necesaria la presencia de personas cualificadas en ambos lados, pero resulta especialmente importante que el político sepa lo que tiene entre manos, conozca el funcionamiento de la administración, haya accedido gracias a sus méritos y capacidades y en virtud de cierta experiencia y no se ponga por completo en manos de un técnico que huele a lo lejos la ignorancia de su jefe y actúa, por tanto, según sus tiempos, sus gustos, su estado de ánimo, su interés, su orientación política. Como en todo, generalizar no es correcto.
Pedro Sánchez ha decidido darle un cambio de giro al Gobierno de la nación y lo hace, al menos eso parece, por varias razones: está a mitad de legislatura y desde sus aventuras con las mociones de censura fallidas y Madrid sus niveles de popularidad y de simpatía electoral decrecen de manera constante, quiere rejuvenecer su ejecutivo para ofrecer una imagen más actual en su idea de política marketing, necesita fusionar por la ruptura insostenible entre Gobierno y partido y evitar que las malas relaciones entre Moncloa y Ferraz continúen y, también, manda un mensaje a su entorno crecido en el sentido de que aquí el único imprescindible es él y que todos los demás, llegado el caso, sobran. Por eso ha sacado la guillotina a paseo y de eso ha tomado nota Ábalos, que ha estado confeccionando con él los cambios y no se había enterado que él formaba parte de ellos y, muy molesto, se ha marchado dejando todos sus cargos. La secuencia entera denota el ego abismal del presidente y cómo éste tiene interiorizado que lo único importante es mantener el poder y hacerlo a costa de lo que sea; obviamente no toca, porque no puede, las parcelas de Unidas P y continuaremos teniendo de ministros -y menestras- al de la carne a ratos y a la ideóloga de la nueva ley trans.
La política es quizás el único oficio del mundo en el cual no es necesaria ni la experiencia ni la capacidad o el mérito para prosperar, se rige por otros criterios. Es más, si lo haces muy bien y destacas más de la cuenta te pones directamente en el disparadero y el que tiene el poder te sacará de en medio, de hecho muchos que ostentan liderazgos se rodean de mediocres justificando que cumplen con determinadas cuotas cuando la realidad es que lo hacen para verse menos amenazados. Lo único que debería justificar el nombramiento de nada menos que un ministro es su capacidad, su experiencia, su trayectoria y que al ministerio llegue aprendido porque hay pocas alturas mayores en la vida profesional que ser ministro y llama la atención que hoy en día lo pueda ser casi cualquiera. Será, quizás, porque un ministro pesa lo que un concejal de Cuenca.
El problema de base es la profesionalización de la clase política. Gente que decide meterse en ese mundo con el objetivo de vivir de él y cuando lo consiguen es casi imposible dar marcha atrás porque lo que ofrece el mercado laboral es escaso, duro y con sueldos, digamos, distintos, sin contar beneficios en especie del estilo de coche, chófer, invitaciones protocolarias, comilonas en restaurantes de postín a cuenta de quien sea, viajes, relaciones sociales y similares prebendas. Por esto, y solo por esto la pugna orgánica interna previa al reparto de poderes y a la conformación de listas es tan virulenta. Se cuentan por decenas los diputados, senadores, concejales con dedicación exclusiva que de no repetir posición en las listas no tienen la más mínima perspectiva de tener trabajo que les permita vivir de forma similar a la que les ofrece la política. Si para cualquier cargo político se exigiera mérito y capacidad otro gallo cantaría. Simpático es oír a Casado rasgándose las vestiduras porque Sánchez nombra los ministros a dedo como si en el PP se convocaran oposiciones para determinar a los suyos cuando les toca. Puro cinismo.
Son insultos a la inteligencia y memoria ciudadana habituales en un entorno político cada día menos cualificado, un ejemplo es la dictadura que parece nos acabamos de enterar existe en Cuba cuando lleva 60 años. De un lado se presiona a los miembros del gobierno de Sánchez para que repitan en coro: Cuba es una dictadura y, de entrada, es un insulto a la inteligencia que Sánchez y sus ministros se resistan a verbalizar ese término y lo rodean argumentando que no es una democracia -¿y entonces qué es? Lo de las ministras de Unidas P es de traca al negar que sea una dictadura sin pestañear y culpando al bloqueo yanki. Y PP y Vox exigen a Sánchez lo que no hizo ni Aznar ni Rajoy. Ambos, siendo de derechas, rehusaron criticar la dictadura cubana porque en Cuba hay mucha inversión española. Según el Instituto de Comercio Exterior -ICEX- hay 285 empresas españolas allí, entre ellas muchas del Ibex 35. Empresas tan potentes como BBVA, Sabadell, Meliá, Iberia, NH, IAG, Air Europa, Viajes El Corte Inglés, Freixenet, Hotel Barceló e Iberostar, constructoras como Miesa Ingeniería y, así, hasta 285 empresas españolas. No en vano cuando en 2018 fue Sánchez a Cuba le acompañó el presidente de la CEOE y el de la Cámara de Comercio y los de Air Europa, Aena, Iberia y Telefónica. Gobernar no es verbalizar o no el término dictadura o iluminar la fachada de un edificio público con la bandera cubana, como ha hecho Ayuso en Madrid. Las relaciones internacionales son mucho más.
Otro insulto a la inteligencia y memoria ciudadana es la sentencia del TC sobre el estado de alarma, declarado inconstitucional por seis votos a favor y cinco en contra. Ya de por sí una sentencia débil por contar con el 45 por ciento de los votos en contra. Pero si analizamos los seis que votaron a favor, cinco fueron propuestos en su día por Rajoy y cuatro de ellos tienen su nombramiento más que caducado. Ahora más que nunca se comprende por qué el PP se viene negando a renovar los cargos en el poder judicial, en el Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, todos copados por nombramientos hechos por Rajoy con sus cargos vencidos. Una sentencia que sorprendentemente declara la inconstitucionalidad del estado de alarma pero cierra la puerta a posibles peticiones de indemnización de quienes se vieran perjudicados por el confinamiento. Derecho a indemnización que sería lo correlativo si la causa del perjuicio es inconstitucional. Pero no, los seis magistrados lo único que han hecho es una sentencia política que sirve en bandeja el ataque al Gobierno, no más.
Los tres poderes que Montesquieu proclamó que, para que la democracia fuese verdadera, debían funcionar divididos y separados avanzan en nuestro país en una suerte de gazpacho de intereses políticos en el que el ejecutivo mira por mantenerse en el poder a toda costa, el judicial ha perdido su independencia bajo el yugo del partido político que elige a sus miembros y el legislativo vota a golpe de pactos partidistas. Todo ello sazonado por el cada vez más notorio imperio de las redes y la continua y fácil manipulación del estado de opinión social, en un mundo en el que el mérito y la capacidad profesional poco cuenta frente a un pueblo ocioso como pasto fácil de los continuos insultos de unos y otros a la inteligencia y a la memoria colectiva.
