La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge este lunes y el martes el juicio contra un matrimonio acusado de aprovechar que el marido era apoderado de una empresa de construcción para cometer un delito societario continuado y otro de apropiación indebida, estimándose en más de medio millón de euros la cantidad que habrían incorporado a su patrimonio.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tienen su origen en junio del año 2000, cuando el dueño de la constructora otorgó escritura pública de poder especial a favor del acusado, que disponía de "amplias facultades directivas, contables y de administración" hasta que dicho poder fue revocado en octubre de 2007, a causa de las "numerosas irregularidades observadas en su gestión".

Detalla que el dueño de la constructora se dedicaba principalmente a gestionar y controlar de forma personal las distintas obras que realizaba la empresa, mientras que el acusado, haciendo un "uso abusivo" de sus facultades como apoderado, efectuó operaciones con la finalidad exclusiva de obtener un considerable beneficio económico para incorporarlo a su patrimonio, "sin el conocimiento ni autorización" del propietario.

ADQUISICIÓN DE UNA FINCA

Relata el Ministerio Público que a principios de 2001 el acusado adquirió con fondos de la constructora una finca rústica de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) denominada 'El Agostado' a nombre de su esposa y también acusada, "con carácter privativo para la misma". El precio de la finca se fijó en más de 579.970 euros.

Expone que el acusado aprovechó dicha operación para ingresar en una cuenta abierta a nombre de la empresa unos 10.700 euros, que inmediatamente ingresó en otra cuenta a nombre de su mujer.

La finca fue vendida en marzo de 2005 a otra empresa, fijándose el precio de cesión en 332.870 euros que la acusada manifestó haber recibido antes de firmar el contrato. En realidad, según el escrito de acusación, dicha operación sirvió para compensar ciertas deudas que empresas del dueño de la constructora mantenían con la entidad compradora de la finca.

Añade que el acusado habría aprovechado la ocasión para compensar una deuda de más de 7.800 euros que mantenía con la compradora por ciertas reformas que se realizaron en una vivienda adquirida para su hija.

Señala que cuando la acusada tenía la finca, se dedicó durante los años 2004 y 2004 a la explotación de la misma, adquiriendo materiales por valor de más de 6.500 euros a cargo de la constructora, sin que los beneficios de la explotación fueran ingresados en cuenta alguna de la empresa.

Agrega el escrito fiscal que a lo largo de 2005 el acusado libró numerosos pagarés y cheques contra las cuentas de la empresa del perjudicado actuando "en su exclusivo beneficio, pues no se correspondían con el tráfico normal de la empresa de la que era apoderado". La cuantía supera los 175.600 euros.

Apunta también que el acusado era apoderado de otras empresas y cargaba en la cuenta de la constructora algunos pagarés para el pago de deudas de estas otras, por importe de unos 38.600 euros.

AGUA, TELEVISIÓN, SEGURIDAD Y OBRAS

Además, el acusado habría realizado trabajos de carpintería en su vivienda particular valorados en más de 21.200 euros a cuenta de la constructora, e incluso contrató por 240 euros la colocación de un olivo en su chalet.

Asimismo, durante los años 2003 y 2004, habría abonado con fondos de la constructora facturas por unos 4.500 euros para un seguro de vida, los recibos del agua, seguridad de la vivienda e incluso a una distribuidora de televisión.

Entre las irregularidades que destaca la Fiscalía, señala que el acusado dispuso de una grúa que la constructora adquirió en 2003 para venderla en 2006 por 20.880 euros, los cuales no consta que fueran ingresados en la cuenta de la empresa.

Considera el Ministerio Fiscal que el acusado es responsable de un delito societario continuado, por lo que solicita tres años y medio de prisión, así como de un delito continuado de apropiación indebida por el que reclama cuatro años y medio de prisión más.

Para la acusada pide seis años de cárcel, tres y medio por un delito societario continuado y dos años y medio por uno continuado de apropiación indebida.

Asimismo, propone que los acusados indemnicen solidariamente a la constructora con 284.846 euros, así como en aquella otra en que sean tasados en ejecución de sentencia los perjuicios acusados a la empresa por la "administración desleal" del acusado con la cooperación de la acusada.