Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha recriminado al gobierno de PSOE y Cs el incumplimiento continuo de las medidas a favor de la vivienda pública y el acceso a la vivienda que la formación ha propuesto en diferentes plenos y que han sido aprobadas. La portavoz ha señalado que son 12 las últimas iniciativas que la formación ha llevado a pleno y que ninguna de ellas se ha materializado en una ciudad donde la escasez de vivienda pública sigue siendo un problema para miles de personas, “a pesar de haber sido aprobadas”.
Entre esas medidas que propone la formación están: la negociación con propietarios, hoteles y bancos para incentivar alquileres sociales, tal y como se hace en otros municipios como Chiclana, también gobernada por el PSOE; la elaboración de un protocolo antidesahucio en el que se incluya a Asuntos Sociales, Policía Nacional y Local, ESISA, juzgados y grupos municipales o, si no, la constitución de la mesa antidesahucio que permita mediar con el tiempo suficiente en los casos; el aumento de presupuesto para rehabilitación, que no solo no ha aumentado para 2021, sino que se ha disminuido; la ampliación del parque público de vivienda; o el desarrollo de la Oficina de Ayuda al Inquilino, que también está paralizado por parte el gobierno del PSOE y Cs.
La portavoz además ha recordado que las ayudas al alquiler del año 2020 no se han hecho efectivas aún y ni siquiera ha respondido a la formación morada cuando ha preguntado en el pleno sobre cuándo se van a dar, “incumpliendo así sus propias promesas”. Desde Podemos inciden en que hay familias “que siguen esperando para poder hacer frente a unos meses muy difíciles” mientras el Ayuntamiento parece que sigue sin buscar soluciones a un problema que se acrecienta y agrava cada día.
La formación destaca además que el gobierno de Patricia Cavada no ha votado a favor de ninguna de las medidas, absteniéndose en las votaciones y demostrando una “actitud conservadora” con la protección del derecho a la vivienda. Una ciudad además en la que siguen habiendo desahucios y desalojos de familias, con menores también, que no pueden acogerse al decreto antidesahucio de gobierno estatal al no cumplir los requisitos.
