El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha reconocido que los trabajadores de Navantia deberán asumir "ajustes de retribuciones" en el marco del Plan de Competitividad en que trabaja la compañía, y ha asegurado que o se reducen las pérdidas o "habrá que disminuir el capital social" de la empresa.
Aguirre, ha comparecido en la tarde de este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar la situación y las perspectivas de futuro de la empresa naval Navantia.
Durante su intervención en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Ramón Aguirre ha recordado a los grupos políticos que a su llegada al holding público empresarial “encontró a la compañía Navantia en una situación de partida bastante difícil y complicada que en caso de no corregirse, podría llegar a ser crítica, lo que provocaría tener que apelar a financiación externa y a una posible reestructuración patrimonial”.
En este mismo sentido, el presidente de SEPI ha alertado que Navantia actualmente operaba en el mercado con unos precios un 15 por ciento superiores al de sus principales competidores, y hasta un 50 por ciento por encima de los precios que ofertan los países asiáticos.
Ante esta situación, Aguirre ha desvelado la puesta en marcha por parte de Navantia de un Plan de Competitividad y Viabilidad que está sirviendo para evitar entrar en esta situación crítica provocada por la subactividad ante la falta de pedidos y de carga de trabajo durante los últimos siete años.
En lo que a la viabilidad se refiere, el plan contempla diversas medidas como la reorganización orgánica de la empresa, la fortaleza de la unidad comercial – que ha triplicado el número de efectivos -, o la apertura de diversas oficinas comerciales estables en el exterior. Igualmente, incluye un plan de ahorro con vocación de permanencia en el tiempo para la gestión de los recursos humanos y la reducción de pérdidas.
Además, y con la clara vocación de lograr potenciar la competitividad de la empresa, esta iniciativa supone la recuperación de actividades “abandonadas” a través de la diversificación y la ampliación a nuevas líneas de negocio, con la Armada española, la apertura a los mercados militares internacionales, el fomento del área de sistemas y de reparaciones, o la apuesta renovada por el sector civil y el eólico.
Para terminar, incluye la negociación de un nuevo convenio colectivo que busque la estabilidad de los puestos de trabajo pero que asuma la situación crítica que atraviesa la empresa y esté vinculado a la búsqueda de competitividad. O dicho en plata, rebaja de sueldos para adaptarlos a la situación actual que sólo da la opción de ajustarse un poco el cinturón o ahogarse entero.
Ramón Aguirre ha subrayado el enorme esfuerzo realizado por Navantia durante el pasado año 2012 con más de 60 operaciones comerciales abiertas en 30 países, y la detención del ritmo de la caída de los pedidos a la mitad, lo que ha supuesto que el grado medio de ocupación durante 2012 haya cerrado en un 76 por ciento frente al 69 por ciento de 2011.
Según los cálculos que ha enunciado, entre 2011 y 2013 la compañía perderá 169 millones de euros --42 millones en 2011, 78 millones en 2012 y 49 millones este año--. En este sentido, Aguirre ha destacado que se han "ralentizado" las pérdidas, pero no es suficiente, por lo que "o se cambia esta situación económica y financiera y se corrigen las pérdidas o habrá que apelar a recursos externos".
"Y en 2014, si no hemos conseguido contener la situación, habrá que disminuir el capital de Navantia por imperativo legal. Y siempre que se disminuye el capital social hay vinculaciones en materia de ajustes de todo tipo", ha apostillado.
El contrato de PEMEX - PMI
Por otra parte, el presidente de SEPI también se ha referido al contrato de PEMEX – PMI y al continuo ruido político y mediático que rodea esta operación.
Aguirre ha advertido que desde la firma con PMI en septiembre de 2012, se han cursado hasta cinco visitas a México, se han aportado los avales técnicos necesarios y se han cumplido los requerimientos correspondientes a Navantia para la entrada en vigor del contrato, a la espera del visto bueno definitivo por parte del cliente para comenzar la operación.
Por todo ello, el máximo dirigente de la SEPI ha pedido a los grupos que no politicen cada movimiento de Navantia para no dañar la imagen, la reputación y las posibilidades de éxito de la empresa en el mercado. “La politización no es buena para Navantia. Los contratos internacionales requieren máxima prudencia, diplomacia y un respeto a los calendarios establecidos”, ha afirmado.
Dique flotante
Finalmente, otro de los asuntos principales tratados por Aguirre en la comparecencia ha sido el de la construcción del dique flotante y la consulta formal a Bruselas pactada con los alcaldes de la comarca de Ferrolterra el pasado 4 de marzo.
Según el presidente ya se está trabajando en el expediente para realizar una consulta formal a Bruselas sobre el dique flotante y el levantamiento de las restricciones impuestas en el año 2005. "Hemos iniciado las gestiones y los trabajos correspondientes para explorar y llevar a cabo los trámites necesarios".
En cuanto a la revisión de la restricción civil, tal y como ha asegurado, Navantia está trabajando de forma conjunta en hechos nuevos relevantes y de naturaleza excepcional para levantar el veto tal y como establece la Comisión Europea, como son el elevado nivel de desempleo en Ferrol y San Fernando, la destrucción del tejido industrial, el incremento del número de personas por debajo del umbral de la pobreza y la existencia de restricciones financieras en la Administración pública.
