Acabamos este puente en que celebramos el aniversario de la sacrosanta Constitución Española. Como escritor, enmarcaría su texto en el marco de un manual jurídico que pretende sentar las bases para todo el conjunto de leyes y normas que constituyen nuestro ordenamiento. Sin embargo, he de admitir que los resultados de su aplicación me hacen añadir que contiene tintes de relato de fantasía y ficción contemporánea. A fin de cuentas, seguimos viendo cómo nadie garantiza su cumplimiento: el Tribunal Constitucional es capaz de inclinar la balanza (nunca mejor dicho) hacia intereses políticos, como se vio en su auto sobre el estado de alarma de 2020; el derecho a la sanidad, educación, salarios dignos o a acceder a la justicia se pueden poner muy en solfa, partiendo del desmantelamiento de los servicios públicos; se puede decir que es un texto bien intencionado que encuentra demasiadas zancadillas.
Se supone que tenemos derecho a una vivienda digna, debiendo además las administraciones combatir la especulación. Cualquiera que comprase un piso en plena burbuja inmobiliaria o haya intentado alquilar uno recientemente sabe que eso es mentira. Se supone que tenemos derecho a una sanidad pública de calidad y a la salud, pero ahí seguimos viendo políticas de privatización, relatos de “colaboración público-privada” para que te hagas un seguro privado y listas de espera interminables. La Constitución habla de “salario digno y suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia”... ¿hola? Es más, se supone que nadie debe ser discriminado, mientras se averiguaba quién tenía o no seguro privado para derivar a los ancianos de Madrid a un hospital o no en las residencias madrileñas en 2020.
Ya les hablé de las dificultades que encuentro para denunciar la negligencia médica que mató a mi padre y mi derecho a decir que lo mataron las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía: se protege el derecho al honor de los políticos cuyas decisiones cuestan vidas pero no mi derecho a acceder a la justicia. Se conceden contratos de publicidad institucional a pseudoperiodistas y pseudomedios que difunden desinformación y bulos, rompiendo nuestro derecho constitucional a recibir información veraz. Y se quebrantan derechos como el de disfrutar de un medio ambiente adecuado cada vez que el relato que niega el cambio climático llega a las instituciones o cada municipio no ejecuta un adecuado plan de gestión de residuos.
Nuestros derechos se ven cercenados por intereses económicos, ideológicos y políticos. Recuerden cuando las pensiones y salarios se congelaron, cuando se tendió a la precarización laboral... nadie cursó denuncia ante el Tribunal Constitucional, pues es probable que hasta este último tragara con el relato de la economía. Se promueven planes de pensiones privados, convirtiendo un derecho en un negocio, a la vez que se usa el relato económico para negar la pensión pública o no garantizar que sea suficiente para vivir. Quitando el artículo 155 o el Título II, nuestros políticos convierten la Carta Magna en un montón de papeles mojados.
Al final no me queda sino considerar la Constitución como un libro más y sólo puedo reseñarlo como dije antes: un manual jurídico con tintes de fantasía y ficción contemporánea. Un texto bienintencionado pero atacado por los mismos que deberían garantizar su cumplimiento, con el beneplácito de un pueblo que no conoce su contenido o no lucha por cuanto le corresponde recibir de ella. Incluso contiene algo de erotismo: su aplicación sesgada nos da por el culo a todos. Al menos, les deseo que hayan tenido un feliz puente.
