El historiador Miguel Caballero y el arqueólogo Javier Navarro, que encabezan el equipo de investigación que busca en Alfacar (Granada) la posible fosa del poeta Federico García Lorca y de quienes fueron fusilados juntos a él, el maestro de escuela Dióscoro Galindo y los banderilleros Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, han adelantado este martes que acudirán a la justicia civil si la Junta de Andalucía no autoriza finalmente la intervención arqueológica.
En un debate organizado en Madrid por bez.es, ambos han explicado que si la familia de Dióscoro Galindo y la CNT --que se ha sumado a la petición de búsqueda de los banderilleros como "familia política"-- así lo respaldan, la Asociación Cultural Regreso con Honor que promueve el proyecto arqueológico para buscar los cuerpos acudiría a la vía civil, en una actuación similar a la de los hermanos anarquistas Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en 1936 en Calatayud (Zaragoza) y cuya exhumación del Valle de los Caídos ha sido recientemente autorizada por un juzgado.
"Podríamos vernos en el hipotético caso de que la Junta, defensora de la Ley de Memoria Histórica y de la búsqueda de fosas, fuera obligada por la Justicia a abrir una fosa. Para ellos, que lo usan como arma electoral y política sería demostrar que tienen la misma sensibilidad para las fosas que el PP", han advertido Caballero y Navarro.
Ambos han explicado que esa sería la tercera vía a desarrollar, toda vez que la primera, abierta en la pasada legislatura cuando IU tenía las competencias en Memoria Histórica, está a la espera de que los servicios jurídicos de la Junta se pronuncien sobre que la investigación y exhumación se acometa con fondos privados --recaudados por la asociación a través de una campaña de crowfunding--.
Otra segunda vía está próxima a arrancar, y se producirá cuando culmine la recopilación documental de los fusilados junto al poeta y se presente ante la Junta un informe para reanudar la investigación y llevar a cabo el procedimiento acorde al protocolo de exhumaciones andaluz y la Ley de Memoria Histórica.
UN "PUZZLE" DE ELEMENTOS QUE "ENCAJAN"
Caballero ha subrayado que su investigación, "científica y seria" sobre la búsqueda de la fosa, que ha incluido una prospección geofísica realizada con el empleo de dos potentes antenas de georradar y que cuenta con la participación de las "máximas autoridades en identificación de restos", es como "un puzzle" de elementos dispersos que "han ido encajando".
De ahí que los investigadores tengan "la seguridad" y la "certeza absoluta" de que los cuatro fueron ejecutados en el paraje del Peñón del Colorado, en el término municipal de Alfacar. "Otra cosa es que los restos sigan ahí pero tenemos la seguridad de dónde fueron asesinados y los pozos a los que fueron arrojados", han subrayado.
"IMPOSICIONES" DE LA FAMILIA GARCÍA LORCA
Sin embargo, la investigación va encontrando "escollos" y uno de ellos es la propia familia García Lorca, que, según han mantenido, "impone" a la Junta de Andalucía que se dejen de buscar los restos del autor de 'Yerma' como una de las premisas para que el legado del escritor pueda ser trasladado al centro que lleva su nombre, en la granadina plaza de La Romanilla.
Según su versión, el Gobierno andaluz "acepta" ese condicionante y es por ello por lo que "responden con su silencio" a la petición de los investigadores. "No van a decir jamás que no se investigue pero es incomprensible que haya pasado un año desde que presentamos los papeles y los asesores de la Junta no hayan tenido tiempo para dictaminar si con dinero privado se puede acometer una iniciativa de este tipo", han expuesto.
Así, han acusado a la Junta de "dilatar" el proceso con "un año de silencio" y de dar "concesiones" a Laura García Lorca, la sobrina del poeta, como el hecho de que pueda ser directora del centro Lorca pese a haber sido apartada del consorcio tras el "agujero" de 13 millones advertido en las cuentas de la fundación. "Nosotros no queremos saber nada de política pero somos rehenes de esa situación y la política lo está enmarañando todo", ha lamentado Caballero.
Por su parte, la nieta adoptiva de Dióscoro Galindo, Nieves García Catalán, ha expuesto que su familia "siempre" ha tenido "problemas" con los García Lorca, que han supuesto "un freno" y que incluso han logrado que otra de las nietas del maestro "se vaya a su terreno" y "pleitee" contra sus propias hermanas.
Navarro ha expuesto que, tras haber trabajado con varias administraciones regionales, considera "chocante" que en Andalucía se tarde "más de un año" en hacer un informe jurídico para la intervención y ha indicado que en cuanto el Gobierno andaluz dé luz verde a la misma se tardarían unos "quince o veinte días" en desmontar el terreno y localizar y encontrar los restos. El arqueólogo cree que es posible que junto con los restos del poeta, el maestro y los dos anarquistas pueda haber los de otras personas asesinadas.
LA TEORÍA DE GIBSON, "SIN LÓGICA"
Los investigadores también han tenido palabras para el "biógrafo por excelencia" de Lorca, Ian Gibson, y han señalado que aunque éste "nos ha puesto en el camino a todos" sus testimonios e investigaciones son "más que discutibles" y deben ser "revisadas", ha expuesto Caballero, que reprueba sus conclusiones sobre la muerte del poeta y la ubicación de su fosa porque "se basa en la tradición oral y no en documentos".
Navarro ha reprochado que el hispanista irlandés no haya revisado los errores que se han demostrado que contenían sus pistas y ha criticado que sigue manteniendo teorías que "no tienen lógica ninguna" y que se han "demostrado" inciertas.
