El Ayuntamiento de Granada aplicará en las próximas semanas un nuevo plan de saneamiento para recuperar la estabilidad presupuestaria, después de que en los últimos meses se haya incumplido además el plan de ajuste y se haya triplicado el periodo medio de pago a proveedores que permite la ley, entre otros parámetros que sitúan a esta entidad local "al borde de la intervención".
El concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver (PSOE), ha señalado en rueda de prensa que los últimos informes del interventor municipal, de los que se ha dado cuenta en el pleno de este lunes, ponen de manifiesto la "malísima situación económica" del Ayuntamiento durante la etapa de gestión del PP, de la que arrastra más de 66 millones de euros de obligaciones pendientes de pago.
"A estas alturas no se han pagado 22 millones de euros a Inagra --concesionaria de la recogida de basuras-- y con Rober --prestataria del transporte urbano de autobuses-- hay facturas por valor de once millones", ha lamentado Oliver, quien ha anunciado que deben tomarse medidas para "parar la tendencia al abismo" a la que se dirige el Consistorio.
Según ha precisado, el Ayuntamiento ha arrojado una inestabilidad presupuestaria en el presupuesto consolidado del pasado año de algo más de 181.000 euros y, aunque parezca una cantidad pequeña, eso implicará que se tenga que aprobar un nuevo plan de saneamiento.
El documento ya fue encargado por el anterior gobierno 'popular' y está en marcha por los servicios técnicos, de modo que cuando se conozca de forma exhaustiva se abordará con el resto de grupos municipales qué medidas son susceptibles de aplicación y cuáles no.
Junto a ello, el Ayuntamiento ha incumplido la regla de gasto, con un exceso de 7,5 millones de euros; mientras que el plazo medio de pago a proveedores alcanzó en marzo los 93 días frente a los 30 que exige la ley, estando previsto que supere los 120 días en los próximos meses.
Oliver ha alertado de la posibilidad de que, "en cualquier momento", la Junta imponga al Ayuntamiento medidas para rebajar este periodo medio de pago y, en caso de no conseguirlo, el Gobierno central pueda retirar fondos municipales de la Participación en los Ingresos del Estado para hacer frente a esos pagos. Se trata de la segunda partida más importante en el ámbito de los ingresos, ha detallado Oliver.
Por otra parte, ha revelado que "no se está cumpliendo en absoluto el plan de ajuste" y se ha referido a las valoraciones del interventor respecto al riesgo de que la situación financiera se "deteriore" en los próximos meses.
Hace hincapié el interventor en el desajuste de ingresos que existe, vía IBI; a lo que se suma que este año se deban pagar las amortizaciones del préstamo del plan de ajuste --para lo que no hay partidas específicas porque el presupuesto está prorrogado-- y "al desaguisado del transporte público", con un presupuesto de 10 millones y un gasto efectivo de 13 millones.
Oliver ha advertido al respecto de que será necesario pactar medidas con el resto de grupos para "para la tendencia" que lleva a acumular deuda con la empresa concesionaria del transporte de autobuses urbanos de la ciudad, Rober, ya que se trata de una situación "insostenible".
"Junto al agujero del transporte público, Oliver se ha referido al desfase entre lo presupuestado y lo gastado en el capítulo de personal. Según ha relatado, en 2016 se había previsto ahorrar un millón de euros pero "con toda probabilidad se superarán los 113 cuando había presupuestados 101 millones.
"Hemos empezado el ejercicio con un presupuesto prorrogado y una situación que nos pone al borde de la intervención del Ayuntamiento y eso en una situación de normalidad, pero como aquí se produzca otro imprevisto (...) sobre todo en materia urbanística, como sorpresas derivadas de la Operación Nazarí, ahí es verdad que la intervención será inevitable", ha augurado el portavoz del equipo de gobierno.
Preguntados por las medidas a tomar, ha abogado por racionalizar el gasto antes de aplicar recortes y ha insistido en que no habrá subida de impuestos mientras que la política de gastos no se racionalice, a no ser que "esa subida venga impuesta por otra administración", ha matizado.
