El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado el archivo de la causa abierta contra once personas, entre las que se encontraban el exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo (IU) y la exdiputada de esta misma formación María Asunción Pérez Cotarelo, por un posible delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la gestión del proyecto 'Magrec', financiado con fondos europeos.
En un auto fechado el 13 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado considera que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal y acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones abiertas.
La causa se abrió a raíz de una denuncia promovida por la Diputación de Granada, en ese momento gobernada por el PP, por la gestión que la anterior corporación (PSOE-IU) había hecho del Proyecto Magrec, que tenía un presupuesto de 898.722 euros y que fue aprobado por el Programa de Cooperación Transfronteriza.
La denuncia de Diputación se basaba en la supuesta adjudicación de diversos contratos irregulares llevados a cabo por la anterior corporación y en la que habría cooperado diversas personas físicas y empresas, quienes habrían pretendido "dar una apariencia de legalidad ocultando la verdadera concesión ilícita de los contratos e incluso la no realización del servicio adjudicado".
De este modo, se relataban en la denuncia "de forma minuciosa supuestas irregularidades detectadas en distintas facturas, en unos casos, reclamadas a la Diputación y que por tanto no han sido aún abonadas, y en otros casos, lo menos, el desembolso sí se habría producido".
El juez instructor mantiene que de las múltiples diligencias practicadas, como "la declaración de los querellados, testifical, documental y pericial contable", no se desprende que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal. Según añade, en todo ello se observa "una pura controversia societaria y una actuación de los administradores con la que no se está conforme", pero "en lugar de acudir a la vía civil, se ha instado a la penal", ha añadido.
RESTITUCIÓN DEL HONOR
Tras conocer la decisión judicial, María Asunción Pérez Cotarelo se ha referido al "sufrimiento" que esta denuncia le ha generado durante estos cuatro años, en los que ha estado "escuchando insultos en los plenos y leyendo injurias en los periódicos" por parte de la corporación provincial que la denunció, presidida por Sebastián Pérez (PP).
"De ninguna forma se me va a poder restituir el honor y el sufrimiento generado en este tiempo", ha añadido la exdiputada, después de que se haya demostrado que "todo es mentira".
Cotarelo ha anunciado a los periodistas que a lo largo de esta semana decidirá si seguir adelante o retirar la demanda que interpuso en su día contra miembros del anterior equipo de gobierno de la Diputación por derecho al honor.
En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien ha lamentado el "incalculable perjuicio" causado a ambos exdiputados, "por el sufrimiento injusto que han padecido durante todo este tiempo".
Junto a ello, ha incidido en que "este caso deja más víctimas por el camino", en relación a las empresas de Granada que "todavía están esperando, cuatro años después, a que la administración provincial les abone más de 200.000 euros en facturas". Cinco empresas, ha dicho, "que se han visto perjudicadas y con riesgo para mantenerse a causa de una persecución política".
