Los jueces elevaron ayer el tono de sus protestas contra el Gobierno en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y han comenzado a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga, medida controvertida y sin precedentes en este colectivo.

 


Según han informado a Efe algunos de los participantes en ellas, muchas de las juntas de jueces que se celebraron ayer en toda España acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que otras –como las de Murcia o Extremadura– han aprobado directamente la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero.

 


La forma que, de llevarse finalmente a cabo, adoptaría esa huelga no está clara, pero algunas juntas, como la de Zamora, han acordado “proponer a las asociaciones (judiciales) la convocatoria de un paro de tres horas”.

 


El derecho de huelga de los jueces no está regulado en España, donde nunca se ha dado una protesta de este tipo, como admitió ayer mismo la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que ha dicho que “no está ni reconocido ni prohibido.

 

No está previsto”, para añadir luego que, en su opinión, los miembros de la carrera judicial no tienen derecho de huelga.

 


El Ministerio de Justicia declinó valorar los acuerdos de las juntas referidos a este punto por entender que, precisamente, es competencia exclusiva del CGPJ, cuya portavoz anunció que, cuando reciba las actas de las juntas, se adoptarán “las medidas que correspondan” sobre los acuerdos “que no cumplan los requisitos legales o (...) que puedan infringir algún precepto legal”.

 


Ésta no es, sin embargo, la medida que puede tener un mayor efecto en el servicio al ciudadano: en Madrid y Las Palmas, por ejemplo, se ha decidido que sólo se repartirán asuntos hasta el número límite que marquen los “módulos de entrada” fijados por el CGPJ.

 


La junta de jueces de Madrid ha acordado asimismo dirigirse “al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” para darle cuenta de la situación de la Justicia en España, “especialmente en lo relacionado con la independencia de su órgano de gobierno y la insuficiente dotación de medios personales y materiales”, según el acta a la que ha tenido acceso Efe.