La condena a cinco años de cárcel a un activista democrático taiwanés por hechos cometidos fuera de China ha alarmado hoy a Taiwán por su carácter extraterritorial y supone una advertencia para las ONG del sector.

El activista y profesor Lee Ming-che fue sentenciado a esa pena este martes por el tribunal intermedio de Yueyang (en la provincia central de Hunan) por "subversión del poder del Estado" a través de opiniones y comentarios emitidos por redes sociales estando fuera del territorio chino.

Lee, de 42 años, manifestó que no apelaría esa decisión. En el mismo proceso, el ciudadano chino Peng Yuhua fue sentenciado a siete años de cárcel.

Los hechos de que se acusó a Lee se produjeron fuera del territorio chino y a través de redes sociales en internet, lo que ha desencadenado temores entre los críticos a Pekín que hay en Taiwán.

La esposa del taiwanés, Lee Ching-yu, asistió a la lectura de la sentencia y después se reunió brevemente con su esposo. En un vídeo colgado en su perfil de Facebook, aseguró que para ella "no existe la justicia china" y que seguirá buscando apoyo internacional, incluyendo de Naciones Unidas.

La sentencia supone el primer caso de extraterritorialidad en una condena a críticos de China, el primer taiwanés condenado por subversión contra el poder de Pekín y el primer ciudadano no chino miembro de una ONG procesado en este país tras la entrada en vigor de una nueva ley de 2016 sobre estas organizaciones.

"En Taiwán los hechos que se imputan a Lee no son delito y China lo condena por hechos registrados fuera de su territorio", dijo a Efe la secretaria ejecutiva de la Asociación pro Derechos Humanos de Taiwán, Eeling Chiu.

En Pekín, un portavoz del Ministerio de Exteriores eludió hoy hablar sobre el caso al señalar que "no se trata de un asunto diplomático". China considera a Taiwán una isla rebelde y a sus habitantes como ciudadanos chinos.

La Oficina de Asuntos de Taiwán ya señaló en septiembre, durante el juicio, que durante el caso "se ha respetado estrictamente la ley, y los derechos de acusados y familiares han sido completamente garantizados".

La condena es "inaceptable" y "lamentable", ya que "difundir la democracia no es delito", más aún porque Lee compartió sus ideas por internet con amigos en China, afirmó el portavoz de la Presidencia de Taiwán, Alex Huang, en rueda de prensa en Taipei.

Lee desapareció el 19 de marzo, tras entrar en China procedente de Macao en un viaje privado, sin que hasta el 29 de ese mes se supiese de su detención y no se tuvieron detalles hasta mayo, cuando se hicieron públicos los cargos en su contra.

El 11 de septiembre fue juzgado en Yueyang, un proceso al que asistieron su esposa y su madre, y durante el juicio se declaró culpable de los cargos de subversión, según vídeos difundidos por el tribunal chino, en un juicio calificado en Taiwán de orquestado.

Lee admitió haber cooperado con Peng, quien que había creado varios grupos de debate críticos con el Gobierno, para diseminar intencionalmente información y artículos que atacaban al régimen comunista y al Ejecutivo de Pekín.

El caso despertó la atención internacional, con pronunciamientos en las Naciones Unidas, el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, por ser el primero contra un miembro de una organización no gubernamental en China tras la entrada en vigor el en 2016 de una ley sobre el funcionamiento de las ONGs en este país.

Lee, exempleado del gobernante Partido Demócrata Progresista (PDP), es un profesor en el Colegio Universitario Comunitario Wenshan de Taipei y voluntario de la ONG Covenants Watch.

El caso se ha seguido intensamente en Taiwán para medir la política de Pekín hacia la isla rebelde, que se ha endurecido desde la llegada al poder de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, del independentista PDP, en mayo de 2016.

En la isla, el juicio y condena de Lee se consideran una advertencia de que Pekín puede encarcelar a los críticos o cooperantes con el movimiento chino pro derechos humanos, aunque sólo expresen sus opiniones o contacten con chinos a través de internet.

Por ello, la sentencia recibió duras y unánimes críticas de las organizaciones de derechos humanos.

La sentencia es "extremadamente dura y posiblemente dirigida como advertencia a los activistas basados fuera de China, especialmente los de Hong Kong y Taiwán", estimó Maya Wang, de Human Rights Watch.

"Que China encarcele a defensores de los derechos humanos mientras se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un aviso al resto del mundo del tipo de líder que China es y va a ser", señaló Frances Eve, de China Human Rights Defenders.