El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará esta semana el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez de este tribunal Fernando Andreu de seguir investigando a Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamas y catorce civiles.

Fuentes jurídicas han informado de que el pleno tiene previsto estudiar el recurso entre hoy y mañana, y, si fuera necesario, habilitaría más días, y han precisado también que el ponente será el magistrado Juan Francisco Martel.

Precisamente, la semana pasada el pleno del Congreso aprobó, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo ERC-IU-ICV y el grupo mixto, la reforma legal que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.

El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque “desproporcionado” en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamas Salah Shehade y catorce civiles –la mayoría niños y bebés– y resultaron heridas otras 150 personas.

Tras recibir la información solicitada al Gobierno de Tel Aviv para averiguar si estos hechos habían sido investigados allí, Andreu prosiguió instruyendo el caso ya que de la documentación facilitada se desprendía que no hubo una investigación judicial en aquel país.

Por su parte, el pasado 2 de abril la Fiscalía pidió el archivo provisional de la investigación, al considerar que de esa documentación se entendía que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa.

Sin embargo, el magistrado desestimó su petición y el 4 de mayo dictó un auto en el que defendía la competencia de la Audiencia Nacional diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos.

Además, sostenía, que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia “concurrente” del tribunal español, dada la naturaleza de los delitos investigados.