El Gobierno, con la aprobación ayer del anteproyecto de reforma del Código Penal, abre el camino a la modificación penal más ambiciosa desde la acometida en 1995, con el principal objetivo de no dejar “resquicios a la impunidad”, en palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Medidas como la libertad vigilada de hasta 20 años para violadores, pederastas y terroristas reincidentes, o la no prescripción de los delitos de terrorismo lanzan ese mensaje claro a los violentos, según dijo De la Vega ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A este mensaje De la Vega añade el que recibe la sociedad: la reforma aporta “tranquilidad y seguridad para los ciudadanos, que estarán más protegidos frente a quienes han quebrantado la ley”, subrayó la vicepresidenta.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se mostró convencido de que las medidas que se introducen en esta reforma, como la libertad vigilada, pasarán “el filtro constitucional”.
Asimismo, aseguró que las posibles limitaciones o restricciones de libertad se contemplan sólo para los delitos más graves con “mal pronóstico”, y su finalidad es la “reinserción paulatina”.
Bermejo reconoció que esta reforma responde a una demanda social ante recientes casos de agresión sexual y recordó el compromiso personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la conmoción que provocó la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.
Los ejes de la reforma, según el ministro, son la mayor protección a las víctimas, con especial atención a los menores que sufren abusos sexuales y las víctimas del terrorismo, mayor seguridad jurídica, como la que aporta la “imprescriptibilidad” de los delitos de terrorismo, y una mayor seguridad frente al crimen organizado. En este sentido, el titular de Justicia destacó la novedad que supone que con el nuevo Código Penal las personas jurídicas podrán responder penalmente, rompiendo así “viejos dogmas del derecho penal” según los cuales sólo las personas físicas delinquen.
NUEVO DELITO DE PIRATERÍA
La reforma del Código Penal aprobada ayer por el Gobierno incluye la creación de un nuevo delito de piratería, castigado con entre 10 y 15 años de prisión, para casos como el vivido por los tripulantes del pesquero ‘Playa de Bakio’, secuestrado el pasado mes de abril frente a las costas de Somalia.
El nuevo tipo penal se incluirá dentro del título dedicado a los delitos contra la Comunidad Internacional y el Gobierno ha justificado su creación “ante la necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación aérea y marítima”.
El Ministerio de Defensa propuso la inclusión de este nuevo delito tras comprobar la impunidad con la que actúan los piratas en el Golfo de Adén.
La creación del delito de piratería permitirá a la legislación española actuar contra un supuesto pirata apresado en esas aguas, una cuestión imposible de hacer hasta ahora ni en España ni en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno.
