El Grupo Popular en el Congreso presentó ayer una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que recorta el derecho de reagrupación familiar, amplía el periodo de internamiento hasta un máximo de 70 días y establece la figura del “Contrato de integración”.
El objetivo de esta reforma es “dar un giro de 180 grados para poner orden y control donde ahora hay caos, descontrol y desbordamiento”, explicó en conferencia de prensa en el Congreso el portavoz del PP para Inmigración, Rafael Hernando, quien aspira a que “España sea un país de oportunidades, y no de falsas expectativas”.
Así, Hernando planteó que el actual flujo de inmigrantes es “un auténtico caos”, ya que el Gobierno se limita a anunciar “nuevas medidas que nunca desarrolla” y a realizar una “regularización masiva encubierta”, como demuestra el que en los últimos tres meses se hayan concedido 330.000 tarjetas de residencia.
El portavoz precisó que, según cifras oficiales, en 2005 se regularizó la situación de 600.000 inmigrantes ilegales; en 2007 fueron 957.000 y en los dos primeros trimestres de 2008 ya van 550.000 regularizaciones. Así pues, los extranjeros suponen el 12% de la población de España en un momento de crisis que ha provocado que el 17% de los inmigrantes extranjeros se encuentren en paro, afirmó.
“Es imprescindible una reforma de la Ley de Inmigración”, dijo Hernando, quien consideró que “si no se hace es porque el Gobierno está desbordado por el efecto llamada y por el efecto anuncio”.
El portavoz popular subrayó que la reforma “es sensata y no se hace contra nadie” y sólo pretende evitar que el Gobierno, con 683.000 parados extranjeros en España, “siga pensando en traer a más gente abocada al paro y la desestabilización del sistema”.
