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Acusan a Iniciativa Internacionalista de estar ?pilotada? por ETA

La Fiscalía y el Gobierno pidieron ayer al Tribunal Supremo que impida a Iniciativa Internacionalista (II) concurrir a los próximas comicios europeos al estimar que se trata de una lista ?pilotada? por ETA para ?elevar la moral? de sus bases tras fracasar en su intento de concurrir a otras citas ...

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La Fiscalía y el Gobierno pidieron ayer al Tribunal Supremo que impida a Iniciativa Internacionalista (II) concurrir a los próximas comicios europeos al estimar que se trata de una lista “pilotada” por ETA para “elevar la moral” de sus bases tras fracasar en su intento de concurrir a otras citas electorales. 

En las demandas presentadas ante la sala del 61 de este tribunal, que comenzó a estudiarlas ayer, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público aseguran que el número uno de la candidatura, el dramaturgo Alfonso Sastre, no es sino el “banderín de enganche” elegido por la banda terrorista para enviar "una clara señal a sus votantes" de cuál es la lista que deben apoyar. 

Los dos escritos aseguran que, en esta ocasión, ETA ha recurrido a una estrategia –la presentación de una coalición electoral formada por partidos legales de fuera del País Vasco, como Comuner@s e Izquierda Castellana (IzCa)– que, aunque parezca novedosa, lo que pretende es reeditar el “relativo éxito” que Herri Batasuna cosechó en las elecciones europeas de 1987. 

En aquella ocasión, HB obtuvo un representante en el Parlamento de Estrasburgo –Txema Montero– al conseguir algo más de 360.000 votos, de los que 160.000 procedieron de fuera de Euskadi. Ahora la lista está encabezada por “la persona que más evidente y significadamente se halla vinculada a la organización terrorista”, Alfonso Sastre, que ha sido candidato de HB, EH y ANV, aunque ya ha advertido de que, en caso de ser elegido, cedería su puesto a la número dos, la miembro de IzCa Doris Benegas, que también tiene “intensas vinculaciones con el entramado ETA/Batasuna”. 

La candidatura de II consiguió ser proclamada después de haber reunido el número de avales de cargos públicos exigidos por la ley, aunque posteriormente buena parte de los avalistas, concejales del PSOE o del PP, retiraron su firma al sentirse “engañados”.

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