El candidato oficialista, Johnny Araya, y el líder izquierdista, José María Villalta se enfrentarán este domingo en unas elecciones presidenciales que, de acuerdo con todos los sondeos, arrojarán un empate técnico que les podría llevar a una segunda vuelta, también muy reñida, debido a los numerosos escándalos políticos que han salpicado a Gobierno y oposición.

   Según el último sondeo sobre intención de voto, Araya, del conservador Partido Liberación Nacional (PLN), se adjudicaría el 35,6 por ciento de las papeletas, mientras que Villalta, del izquierdista Frente Amplio (FA), obtendría un 21 por ciento.

   Por detrás se sitúan Otto Guevara, del Movimiento Libertario, con un 17,6 por ciento; Luis Solís, de Acción Ciudadana, con un 15,6 por ciento; y Rodolfo Piza, de Unidad Social Cristiana (PUSC), con un 6,5 por ciento; mientras que los otros ocho aspirantes aglutinan el resto de votos.

   Así las cosas, ninguno de los trece candidatos presidenciales conseguiría el 40 por ciento de los votos necesarios para proclamarse vencedor en primera vuelta lo que, de acuerdo con las mediciones, llevaría a Araya y Villalta a un balotaje el 6 de abril, por segunda vez en la historia costarricense.

   De cara a la segunda vuelta, el juego de alianzas será clave. Villalta, Guevara y Piza ya han adelantado que pactarán con sus vecinos ideológicos para garantizar su participación en el futuro Gobierno. Araya, en cambio, ha basado su campaña electoral en una contundente victoria en la primera vuelta, por lo que ha descartado alianzas. Solís, en la misma línea, está cerrado al diálogo con sus rivales políticos.

   Villalta ha apuntado a los también izquierdistas Alianza Patriótica, Patria Nueva y Acción Ciudadana como posibles socios de Gobierno, al tiempo que ha lamentado que Solís no esté dispuesto a negociar. "Tengo la esperanza de que sea el calor de esta intensa campaña electoral y que, después del 2 de febrero, recapacite", dijo recientemente.

   Guevara, en la misma línea, ha tendido la mano a los derechistas PUSC, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Avance Nacional, aunque no ha descartado entablar conversaciones con algunos sectores del PLN, con quien ya llegó a un acuerdo legislativo en 2010.
Araya, por su parte, aunque ha descartado por completo formar un Gobierno de unidad nacional, como plantean sus rivales, ha adelantado que, en caso de ganar, podría incorporar a su Ejecutivo a "figuras" de otros partidos políticos que compartan la "visión de país" del PLN.

   Si bien, todos se han mostrado conscientes de que, gane quien gane las elecciones presidenciales, tendrá que arrimarse a la oposición para poder gobernar con una Asamblea Legislativa actualmente dividida que, de acuerdo con las encuestas, seguirá fragmentada tras estos comicios.

DISTANCIAMIENTO DE CHINCHILLA

   Araya es uno de los políticos más conocidos del país centroamericano porque durante más de dos décadas ha sido alcalde de San José, capital costarricense, cargo desde el cual se ganó el respeto de la ciudadanía por fortalecer la Policía municipal y promover proyectos culturales.

   Aunque su programa de Gobierno no dista mucho del implementado los últimos cuatro años por Laura Chinchilla, Araya ha hecho todo lo posible durante la campaña electoral por distanciarse de la herencia de un Ejecutivo que, de acuerdo con los sondeos de opinión, podría penalizarle en las urnas.

   Chinchilla se ha visto envuelta por numerosos escándalos. En primera persona, ha sido muy criticada por aceptar viajes en aviones privados a Venezuela y Perú, a pesar de que el jefe de Estado tiene limitados los obsequios que puede recibir. Ya en piel ajena, tuvo que afrontar la dimisión de su ministro de Finanzas por evadir impuestos.

   "Ciertamente hay deficiencias, hay errores que corregir, y los vamos a corregir, pero sin hacer experimentos. Costa Rica no quiere extremismos ni de la derecha ni de la izquierda", dijo Araya en el cierre de su campaña electoral, en alusión a Chinchilla.

   A pesar de que Araya ha enarbolado la bandera contra la corrupción a lo largo de estos meses, la Procuraduría General de la República (PGR) le está investigando por supuestos delitos de abuso de autoridad y peculado.

   Su programa de Gobierno es, básicamente, una propuesta económica basada en la reducción del déficit fiscal, mediante la creación de nuevos impuestos sobre las ganancias del capital y el valor agregado, así como mediante la limitación de los bonos salariales en el sector público.

   En materia social, su objetivo es reducir la pobreza, que aún se sitúa en el 20 por ciento, a pesar de que Costa Rica ha tenido un crecimiento sostenido del 4,3 por ciento en los últimos años. Para ello, creará un subsidio de 40 dólares semanales que hacia 2018 debería socorrer a 340.000 personas.

REFUNDACIÓN SOCIAL

   Por su parte, Villalta ha basado su programa de un eventual Gobierno en reducir las desigualdades sociales y para ello ha apostado por eliminar los abusos que, en su opinión, la clase política ha perpetrado durante décadas.

   Su obsesión es denunciar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, sobre todo en lo tocante a las condiciones laborales que impone a los costarricenses.
De forma paralela, subirá los impuestos a la banca y creará un nuevo tributo que grave las transacciones financieras, al tiempo que reemplazará el actual gravamen sobre las ventas con uno sobre el valor agregado, eximiendo a la sanidad y la educación.

   En materia política, ha criticado duramente la corrupción y, por ello, ha prometido eliminar la inmunidad judicial para los altos cargos del Estado en ejercicio, lo que incluye al presidente. "No tenga miedo quien no tenga rabo que le manejen (cola que le pisen)", dice en unos de sus anuncios de campaña electoral