El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar al propietario de la finca de Totalán, en la que falleció un menor tras caer a un pozo en enero de 2019, con una multa de 300.001 euros por una infracción muy grave en materia de seguridad minera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha informado de que el procedimiento lo ha tramitado la Delegación del Gobierno en Málaga, con el nombramiento de un instructor que ha emitido dicha propuesta de resolución, que la Junta va a ejecutar, ha asegurado.

El 15 de enero de 2019, Julen, de dos años, se precipitó por un  foso excavado en el paraje denominado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, lugar en el que los técnicos de la Junta constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que “no estaba tapado ni entubado”, y el 26 de enero se localizó el cadáver del menor en el interior del citado pozo.

El 8 de febrero la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería que el titular catastral de la parcela donde se halla el pozo no contaba con la autorización previa de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una solicitud para ello, ni había presentado el proyecto técnico de las obras.

Un mes después, y con un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existen “dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión: el primero, tapado o sellado y el segundo, sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cayó el menor.

Bendodo ha recordado que, según el informe de la Guardia Civil, las obras realizadas carecían de las autorizaciones administrativas exigibles para su ejecución, y ponía de manifiesto que no se tomaron las medidas de seguridad establecidas para evitar un accidente, principalmente en el pozo al que cayó el niño, por lo que la Secretaría General de Industria inició un procedimiento sancionador contra el propietario de los terrenos el 18 de junio de 2019.

Además, la Delegación de la Junta en Málaga ha tramitado un expediente sancionador contra la empresa que realizó las perforaciones por una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera por la realización de actividades reguladas en dicha ley sin la dirección facultativa exigida y omitiendo la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente.

La propuesta de resolución plantea sancionar a la entidad responsable con una multa por importe de 30.001 euros.