Al Ayuntamiento de Málaga parece que no le salen las cuentas de la limpieza para 2016. Sobre todo, después de que el Juzgado de lo Social número 8 de la capital ratificara ayer la sentencia que dictamina que el único convenio colectivo válido en Limasa es el de 2010-2012 y denegara así la petición de aclaración formulada por la empresa mixta, participada al 49 por ciento por el Consistorio.
El Ayuntamiento tendrá que devolver a la plantilla a partir del próximo 1 de enero los derechos reivindicados que casi llevan a los trabajadores a la huelga semanas atrás. Entre ellos, la paga de productividad, los descansos en sábados y vacaciones en verano, entre otros. Unas condiciones que podrían llegar a suponer hasta ocho millones de euros más para el abultado de por sí capítulo de Limasa en el presupuesto.
Aquí, como en muchas cosas, cada parte interpreta la sentencia a su manera. Desde el comité de empresa, el presidente Manuel Belmonte, defiende que, tras la decisión del juzgado, el Ayuntamiento debe ejecutar el convenio, tal cual, sin modificación alguna del marco laboral. “La razón tiene un camino, aunque ya buscarán alguna trampa y recurrirán la sentencia”, vaticina el líder sindical.
El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, se agarra a que se deben incluir los cambios sufridos por el convenio en fechas posteriores, con los acuerdos alcanzados en el Sistema Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) y en el texto firmado en diciembre de 2013. Un escenario que reduciría de forma considerable la “factura” tras este varapalo judicial a Limasa. De momento, los ojos están puestos en el sábado 2 de enero. Los fijos descansarán y el servicio deberá estar, eso sí, completo. La organización de este primer punto que el Ayuntamiento de Málaga aplicará de la sentencia se acordará en una reunión el próximo 29 de diciembre.
