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PP exige a la Junta que se adhiera a la reforma educativa \"para evitar inseguridad y confusión\" en los docentes

Garrido ha explicado que la Ley Orgánica 8/2013 establece \"un calendario claro de adaptación\"

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El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Antonio Garrido ha exigido este domingo a la Junta de Andalucía el "cumplimiento íntegro" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Según el 'popular', el retraso en la adecuación de los proyectos de centro al nuevo marco se interpreta como una "resistencia irresponsable frente a la legalidad vigente" y ha alertado de que "puede suponer un grave perjuicio a la comunidad educativa andaluza en cuanto a la inseguridad jurídica y confusión que pueda generar".

   De este modo, Garrido ha explicado que la Ley Orgánica 8/2013 establece "un calendario claro de adaptación", de manera que las modificaciones introducidas en materia de currículo, organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para el resto en el curso siguiente.

   Sin embargo, ha señalado que el Gobierno andaluz pretende "bordear, si no incumplir, una norma aprobada por más de dos tercios del Parlamento" al introducir unas instrucciones que "obedecen a criterios de sesgo político y tienen el objetivo imponer el posicionamiento ideológico de las formaciones gobernantes en nuestra Comunidad".

   Al respecto, ha destacado como "el mayor grado de intransigencia ideológica" el hecho de mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con carácter obligatorio para el alumnado de quinto de Primaria.

   En este sentido, ha explicado que a partir de la publicación de la normativa que desarrolle las enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía, este área continuará siendo obligatoria en el bloque de materias de libre configuración autonómica.

   Por ello, y ante el inminente comienzo del curso escolar, ha exigido "el cumplimiento íntegro de la reforma educativa por parte de la Junta de Andalucía", lo que se traduce en "el respeto a las reglas democráticas y el estado de derecho", ha concluido Garrido.

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