Alejado de los focos se vive mejor. Eso lo sabe bien José Luis López Fernández. El empresario ubriqueño se sobreexpuso a ellos durante unos años por su implicación en la Operación Karlos; es decir, por su vinculación personal con la familia Janeiro. Su imagen, su nombre y, en especial, su apodo, El Turronero, empezaron a formar parte del día a día de esa audiencia voraz que consume la prensa rosa televisada. La boda de su hija, en el verano de 2011, fue todo un acontecimiento, tanto por el convite que organizó en una finca de Fermín Bohórquez, como por el millar de invitados que asistió al mismo, entre los que se encontraban famosos y personalidades llegados desde toda España. El despliegue de medios fue digno de estrellas del papel couché. Sin embargo, apenas unos días después, llegó la sentencia por el caso de las bajas médicas fraudulentas: fue condenado a dos años de prisión, con inhabilitación especial, como cooperador necesario  de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa. El auto lo señalaba como conocedor de la actividad llevada a cabo por Carlos Carretero, con el que se puso en contacto para servir de intermediario en la consecución de una pensión de incapacidad a favor de personas integradas en su círculo de amistades, entre ellas, la suegra de Jesús Janeiro.
Ya por entonces lamentaba estar permanentemente “en el punto de mira. Soy una persona pública y la envidia en los pueblos ya se sabe. Sólo me quieren hacer daño”, reconoció en una entrevista. Lo hacía tras la denuncia de Ecologistas en Acción por las reformas llevadas a cabo en su finca de Cerro Mulera. Aquello acabó en una sanción de 100.000 euros, el derribo de un cuarto de 20 metros cuadrados y la intervención del Ayuntamiento, que autorizó en pleno el proyecto hotelero que presentó para regularizar el concepto de las obras, tras el informe favorable de la Junta. Ecologistas siguió insistiendo en que se pretendía “dar apariencia de instalación turística” a lo que iba a seguir teniendo “un uso privativo y residencial”. El caso, ahora mismo, sólo interesa para recalcar que, a partir de ese momento, septiembre de 2013, fue como si a José Luis López se lo hubiese tragado la tierra. Prueben a hacer una búsqueda en Google y comprobarán que apenas hay referencias a su trayectoria en el transcurso de los últimos dos años y medio. Lo consiguió. Dejó de interesar. O lo que es mejor, optó por dedicarle más tiempo a su “gente”.
De hecho, las únicas veces en que ha vuelto a sonar su nombre fue a raíz de un artículo publicado en ABC a finales de 2014, titulado “Un señorito andaluz apodado El Turronero”, en el que Marisa Pinau alude a sus “escándalos” y a sus inversiones para retratar a quien representa a una “de las primeras fortunas de Andalucía”; y el pasado mes de diciembre, cuando el Ministerio de Hacienda hizo público el listado de empresas morosas con la administración: entre ellas se encuentra Jerez ciudad de negocios SA, vinculada a Joaquín Morales y en la que también participó El Turronero. Los impagos de la firma ascendían a 9,4 millones de euros.
Pero, insisto, lo logró. Se esfumó de los plasmas de los hogares, de las revistas y hasta de la prensa, la que siguió sus pasos durante la primera década del siglo XXI como el gran “conseguidor” de la  era del ladrillo en Jerez. Al menos, hasta este pasado mes de enero en el que arrancó el juicio por el caso de la venta de la antigua estación de autobuses de Jerez, al que comparecía como acusado por un presunto delito de cooperación necesaria de prevaricación, fraude a la administración, falsedad continuada y cooperador necesario del delito de estafa. El fiscal le solicitaba una pena de cinco años de prisión y multa de 12 meses.
López sí se vio beneficiado por una peculiar circunstancia: el interés de las sesiones no estaba centrado en él, sino en Pedro Pacheco. El exalcalde de Jerez reaparecía en público por primera vez tras 15 meses desde su ingreso en prisión en Puerto III, y eso provocó que todas las miradas y las atenciones se dirigieran a él. Pero a medida que avanzó el juicio, el nombre del empresario ubriqueño empezó a cobrar importancia y a desempolvar el protagonismo que acaparó en Jerez durante los años clave de la expansión urbanística de la ciudad, en los que era uno de los grandes propietarios de suelo, así como intermediario en importantes operaciones de compra de terrenos.
El propio Pacheco aludió a él afectuosamente: “Antaño no, pero hoy es mi amigo”, puntualizaba, para admitir que por aquella época le “conocía del fútbol”, pero su relación no se estrechó hasta que dejó la política; y, de hecho, se ha intensificado en este último año coincidiendo con uno de los peores momentos de su vida. “Cuando alguien viene a verte al centro residencial Puerto III y a través de los cristales le miras a los ojos, sabes que es tu amigo”, confesó en el juicio.
Según el escrito de la Fiscalía, Pedro Pacheco y el entonces gerente de Urbanismo, “de común acuerdo y guiados para favorecer de manera arbitraria” a José Luis López y su socio en el proceso de enajenación de la antigua estación de autobuses, “realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias” para que les fuese adjudicada a través de la mercantil Ingeniería Jienense, S.L., “de la que eran los verdaderos titulares”. El exalcalde negó “rotundamente” que detrás de Ingeniería Jienense, y las otras dos empresas que pujaron por adquirir el inmueble de la estación de autobuses, estuvieran López y su socio, pero, “a juicio del Tribunal, es evidente que hubo concierto de voluntades” con el empresario ubriqueño para venderle el inmueble, “sin publicidad y sin propiciar concurrencia de más participantes”. Es más, “con la presentación de las tres ofertas se pretendió aparentar una concurrencia inexistente, pues no estamos ante tres ofertas distintas presentadas por empresas diferentes, sino ante ofertas provenientes de las mismas personas, los acusados José Luis López y Francisco Chaves, que son los que en realidad han llevado el control y la gestión de Ingeniería Jienense”, y las otras dos empresas, “para conseguir la propiedad de dicho inmueble, en un proceso seguido sin  publicidad ni concurrencia, del que solo ellos tuvieron conocimiento, en el que no se estableció el valor de mercado del bien, siendo las ofertas presentadas las que fijaron el precio. Con su actuación dieron contenido a la decisión prevaricadora de vender a Ingeniería Jienense con ánimo de defraudar a la administración”.
Así, a juicio del tribunal, “José Luis López ha cometido los delitos de prevaricación y fraude a la Administración a través de sociedades instrumentales y personas a su servicio a las que ha utilizado para, sin intervenir física y materialmente en el proceso de compra de la estación, dirigir y manejar la operación con arreglo a sus intereses económicos”.
Lo que traducido resulta: un año y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación especial para cargo público, así como otros seis de inhabilitación por el delito de fraude a la Administración.
Sin duda, López ha entendido que alejado de los focos se vive mejor; pero más aún de los juzgados, de cuyas dos visitas más mediáticas no ha logrado salir airoso.