El PP registró ayer en el Ayuntamiento un informe jurídico con el que el Gobierno local podrá argumentar ante la Junta de Andalucía que deje de ser excluido a la hora de optar a la nueva convocatoria de planes de empleo. Dicho informe se sustenta en que las razones argumentadas para la exclusión -que el Ayuntamiento no puede acceder porque fue condenado el año pasado por despidos improcedentes- son “contrarias al orden constitucional”, ya que “implicaría automáticamente para el programa concreto la exclusión y por tanto la discriminación indirecta de los ciudadanos con residencia en Jerez”, lo que va en contra de lo dictado en la Constitución.
El informe alude asimismo a un antecedente legal en la propia normativa de la Junta de Andalucía: “La propia Junta de Andalucía en el reciente Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa emple@30+, exime a los Ayuntamientos del cumplimiento de exigencias legales que pudieran impedir su concurrencia a la convocatoria”, expuso ayer Lidia Menacho en rueda de prensa.
En su opinión, “esta argumentación permite entender que se dan las circunstancias para que el Ayuntamiento pueda presentar solicitud a uno de los programas contenidos en la Ley 2/2015, ya que el Ayuntamiento actúa como mero intermediario de unas ayudas donde los claros beneficiarios son los desempleados jerezanos y la exclusión de los mismos supondría una clara discriminación por el lugar de residencia, lo que sería inconstitucional”.
El PP ha anunciado asimismo que trasladarán una iniciativa por urgencia al Pleno para que el Gobierno presente solicitud a dichos programas, “porque de no hacerlo se estaría incurriendo en una clara inactividad prestacional con las consecuencias sociales y jurídicas que se deriven del mismo”.
En busca de apoyos
Por su parte, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, anunció ayer con respecto a este tema que se va a reunir con la Consejería de Empleo de la Junta y con el Ministerio de Empleo para intentar que “recapaciten” y Jerez pueda acceder a los planes de empleo en cuestión, “ya que pueden verse perjudicadas unas mil personas como consecuencia de la decisión de un gobierno anterior, a causa del ERE aprobado y las sentencias por despidos improcedentes”, y p0rque entienden que el Ayuntamiento “no es una empresa, y en este caso, a quien se está castigando es a los jerezanos más desfavorecidos”.
La alcaldesa expuso que, de quedar excluidos, “deja sin oportunidades de acceder a estas ayudas a casi 1.000 jerezanos, que dentro de este programa hubieran podido contar con un contrato de seis meses y después con las prestaciones por desempleo que les correspondieran, dando alguna respuesta a sus problemas de ingresos”.
Sánchez, que ayer recibió a los representantes de UGT y CCOO en Jerez, Pedro Alemán y Rafael Tejada, respectivamente, también les solicitó su colaboración para encontrar alguna solución y “pasar a la acción con el fin de evitar que se castigue a los ciudadanos sin empleo que podrían beneficiarse de estos programas”.
La alcaldesa insistió ayer en que, “aunque la culpa de esta situación es del gobierno anterior del PP, a nosotros nos duele que los jerezanos se vean perjudicados y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, por eso buscamos el apoyo de todos”.
En este sentido, se comprometió a analizar el informe jurídico presentado por el PP, ya que lo que “buscamos son soluciones” a este problema, aunque también ha apostillado que “si se pringan -en alusión directa al PP- es porque saben la responsabilidad que tienen en todo esto”. El Ayuntamiento también está elaborando su propio informe.
El PP exige una rectificación
El PP también solicitó ayer, a la luz de los argumentos expuestos, que la teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, “atendiendo al derecho de rectificación”, rectifique las declaraciones “injuriosas realizadas en relación al gobierno del PP”.