El secretario general de CCOO de Jerez, Rafael Tejada, aseguró ayer que el sindicato advirtió a la UTE Sufi-Verinsur del riesgo de que se produjera un accidente en la planta de reciclaje de Las Calandrias poco antes de que se produjera el siniestro que se cobró la vida de un trabajador de 42 años de edad.  

Esta circunstancia ha provocado que la “indignación” tanto en el sindicato como en el conjunto de la plantilla de Las Calandrias sea aún mayor de lo que suele ser habitual en estos casos, hasta el punto de que la actividad se encuentra prácticamente paralizada desde que en la tarde del pasado martes se produjera el accidente mortal. 

Esa advertencia previa al siniestro motiva que el sindicato no espere ahora ningún tipo de respuesta por parte de la empresa. “No hace falta hablar con ellos porque ya sabemos todo lo que nos van a decir. Antes del accidente estuvimos reunidos con ellos hablando precisamente de eso, porque se estaban haciendo unos trabajos de mantenimiento y entendíamos que habían que mejorar las medidas de prevención y seguridad en la planta”, explicó ayer Tejada poco después de dar el último adiós al trabajador fallecido.

El pesar de la plantilla -integrada por alrededor de un centenar de empleados- es la causa principal de que todavía no se haya organizado ninguna acción de protesta. Será la próxima semana cuando el sindicato y el comité de empresa empiecen a moverse en esa dirección.

Para estos próximos días se espera igualmente tener un primer informe de la Inspección de Trabajo que arroje luz sobre los hechos que acaecieron en la jornada de este pasado martes. En base a lo que se exponga en ese informe, el sindicato pondrá en marcha las acciones judiciales que estime oportunas contra la UTE Sufi-Verinsur, a quien ha responsabilizado desde un primer momento de la muerte de este trabajador.

En cualquier caso, Tejada no dejó pasar la oportunidad de insistir en que tanto el Ayuntamiento como la Junta tienen también responsabilidad en los hechos, ya que la empresa es concesionaria de servicios públicos y asume la explotación de la planta en base a una concesión administrativa.