El Pleno ha aprobado este viernes por unanimidad, con la presencia en el salón de plenos de los vecinos de Mesas de Asta, una proposición del grupo municipal popular para que se inste a la Junta de Andalucía a informar sobre la situación jurídica de la vía pecuaria y descansaderos de Mesas de Asta y a que faciliten la enajenación de dichos terrenos, en su caso, previo deslinde y desafectación de la vía pecuaria y de esta manera poder iniciar el procedimiento de reconocimiento de diseminado rural.
El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha explicado que “se trata de una reclamación de los vecinos de Mesas de Asta que se encuentran en una situación peculiar dentro de las barriadas rurales de Jerez. Es el primer paso para regularizar las viviendas de la zona y para que los vecinos puedan contar con los servicios mínimos”.
El Pleno ha aprobado también, con la presencia de los vecinos del Chaparrito, y con los votos favorables del PP y Foro Ciudadano, la abstención de PSOE y en contra de IU, una proposición del grupo municipal popular para que los servicios técnicos municipales inicien la modificación del Plan General que suponga la desclasificación del Chaparrito como suelo urbano no consolidado y su clasificación como suelo no urbanizable con la categoría que la legislación urbanística disponga. Igualmente, se ha aprobado que se inicien los trámites para la clasificación hábitat rural diseminado o, en su defecto, el reconocimiento conforme a la legislación vigente de asimilados fuera de ordenación con el fin de que puedan acceder legalmente a los servicios.
El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha explicado la situación en la que se encuentra esta zona del Jerez rural, con falta de infraestructuras y servicios básicos y ha aclarado que “se inicia esta tramitación respondiendo a una petición de los vecinos, casi un requerimiento, para dar solución a la situación en la que se encuentran en estos momentos sin que los vecinos tengan que aportar un dinero que en estos momentos no pueden hacer frente”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha incidido en que “esta proposición responde a una petición de los propios vecinos y lo único que pretende es que los vecinos tengan sus papeles, luz y agua y tengan mejor de calidad de vida. Ir poco a poco mejorando la zona. Es darles la tranquilidad de que van a vivir en unas mejores condiciones de las que viven ahora. Es iniciar el camino para solucionar un problema histórico. Trabajar para lo que piden los vecinos”.
En la zona existen 109 viviendas y un negocio de hostelería con una extensión de 43 hectáreas.
