El día que se conoció la sentencia condenatoria contra Pedro Pacheco y José López, los dos concejales de Foro Ciudadano comparecieron para reivindicar una vez más su inocencia, pero, también, para lanzar una advertencia al actual equipo de Gobierno: la intención de acudir ante la Fiscalía cada vez que detectara la comisión del algún presunto delito. No han transcurrido ni tres semanas desde entonces y ya lo han hecho.
La denuncia tiene su origen en varios expedientes de carácter administrativo que pesan sobre el centro privado de educación infantil Saint Thomas School (anteriormente denominado Highlands) por carecer de licencia de apertura y licencias de obras en su actual emplazamiento de la avenida Medina Sidonia (carretera Cnartuja). Desde Foro consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos sobre la Ordenación del Territorio, en su artículo 320, y contra la Administración Pública, en su artículo 404 y 408 del Código Penal por parte de la alcaldesa, María José García-Pelayo, el primer teniente de alcalde y ex delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña; y el actual delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz.
Según ha hecho público el nuevo portavoz de Foro, Raúl Ramírez, dichos expedientes, que arrancan en septiembre de 2007 y llegan hasta el pasado 15 de abril, “han sido resueltos con caducidad y archivo en dos ocasiones e incluso en marzo de 2012 se abrió expediente sancionador por una cuantía de 50.161 euros sin que haya constancia alguna de que esta sanción se haya notificado al afectado y ni muchos menos se haya ejecutado por parte del Ayuntamiento”.
El Gobierno local, por su parte, ha desmentido que los procedimientos sancionadores abiertos al colegio Highlands, por ejercer la actividad sin licencia de apertura, se hayan archivado. De hecho, aclara que el 9 de abril de 2013 se decretó la clausura del centro, dando al mismo un plazo de alegaciones de 15 días. Tras alegar el centro cuestiones de titularidad, Urbanismo decretó el pasado 22 de mayo una nueva orden de clausura a la Fundación Dom, encontrándose actualmente en período de alegaciones.
Desde el ejecutivo local se recuerda asimismo que este centro se abrió en la etapa del anterior gobierno socialista, en el año 2007, sin licencia de apertura, y que, como ya denunció el PP, uno de los problemas con los que se encontró a su llegada a la Alcaldía, fueron los más de 400 expedientes de Disciplina Urbanística sin tramitar por parte del por entonces delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol.
Además, subrayan que el volumen de los expedientes por tramitar puede implicar que los plazos legales para resolverlos se vean sobrepasados, por lo que automáticamente quedan caducados, sin que esto sea un obstáculo para su reinicio.
Una problemática que, aseguran, se vio agudizada por una sentencia del Contencioso Administrativo, que anulaba un procedimiento sancionador por haber sido instruido por personal no funcionario del Ayuntamiento. “Esta sentencia ha supuesto una reorganización del Departamento de Disciplina, que desde el año 2002 carecía de personal funcionario en su plantilla, y ha incidido, necesariamente, en la tramitación de los expedientes sancionadores. Actualmente, con el personal funcionario preciso, se está normalizando esta situación”, explican desde el Gobierno local.
más trasfondos
Desde Foro Ciudadano también se ha recordado que, paralelo a estos hechos, el gobierno local acordó el pasado mes de marzo ceder gratuitamente una parcela de equipamiento público de unos 20.000 metros cuadrados frente a Chapín “a los mismos propietarios del colegio que presenta las irregularidades descritas. Tenemos muy claro, y así se pone en evidencia en la documentación, que los servicios técnicos de Urbanismo han hecho perfectamente su trabajo y han instruido bien los expedientes, por lo que aquí lo que cabe es depurar la naturaleza de las decisiones políticas”, ha puntualizado Ramírez.
A este respecto, el Gobierno local ha explicado también que los dueños del nuevo colegio San Thomas, “no son los mismos que los del Highland, y, por tanto, han buscado una nueva ubicación, frente a Chapín, para la construcción de las nuevas instalaciones, evitando la actual situación”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, firmó el citado convenio con el representante de la Fundación DOM, Enrique José Martín, el pasado mes de marzo. Por el mismo, se procedía a la adjudicación de una parcela de propiedad municipal para la construcción de un centro educativo cristiano, un proyecto que supera los 10 millones de euros de inversión total y prevé la creación de un centenar de puestos de trabajo, entre docentes, servicios auxiliares y personal no docente.
La parcela, ubicada en la avenida Chema Rodríguez, con una extensión de 20.000 metros cuadrados, se adjudica a través de una concesión administrativa por un periodo de 50 años para la construcción de un centro educativo que abarque desde los 0 años hasta la universidad.
Aquella firma ya provocó las críticas de la oposición. En primer lugar el PSOE, que lamentó que se promueva la construcción de centros de enseñanza “de carácter privado y elitista por parte del Gobierno del PP, un modelo educativo que los populares defienden a ultranza en detrimento de la enseñanza pública”. El PSOE expuso que “cualquier inversión es buena para la ciudad y más aún si se crean puestos de trabajo”, si bien advirtió que “este tipo de proyectos no viene a ampliar la oferta educativa de la ciudad sino en todo caso a promocionar cierto tipo de enseñanza con un marcado carácter religioso y elitista, a la que indudablemente no puede tener acceso todas las personas, por lo que sería deseable que el Gobierno municipal primara otro tipo de inversiones que redunden en el interés general y si son de carácter público mucho mejor”.
También desde Foro se criticó la firma de la citada cesión y se exigió acceder con urgencia al expediente de adjudicación y conocer el estado del expediente abierto por infracción urbanística grave incoado al colegio Highlands -origen de la nueva polémica-.
