En cuanto al contenido de estos informes son bastante claros ya que los ERE por causas económicas están destinadas al ámbito de la actividad empresarial y por tanto no son trasladables a la esfera de las Administraciones Públicas, ya que estas desarrollan la prestación de servicios públicos.
Para la Administración es incompatible la disminución de los servios a prestar en función del volumen de ingresos ya que ésta ha de regirse por los principios de eficacia en sus actuaciones y el de suficiencia financiera.
Tal y como recuerda la Abogacía del Estado: “la utilización de instituciones como la de los ERE... únicamente pueden darse en entidades privadas que persiguen la obtención de un lucro... y en apoyo de esa postura se citan diversas sentencias como la del TSJC de 10 de julio de 1998 o del TSJV de 12 de diciembre de 1997, etc.
Desde CSIF instamos al Equipo de Gobierno a que se lleve a cabo un plan de viabilidad, que contemple medidas, con concreción y detalle, en orden a evitar o reducir efectos tan drásticos, como los despidos, así como las medidas para posibilitar la continuidad de la vinculación laboral con el Ayuntamiento.
Desde CSIF manifestamos que el ERE planteado por el actual Equipo de Gobierno, supondría una notable disminución de los servicos básicos a los que los ciudadanos tienen derecho y que son de prestación obligatoria por parte de la administración.
Al mismo tiempo, los efectos del ERE supondría engordar aún más si cabe las listas de desempleados, las cuales a fecha de septiembre de 2011 se cifra en aproximadamente unos 3000 según los datos rescatados del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que daría lugar a un efecto peyorativo en la actividad comercial de la zona.
