Primero fue la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, que este jueves cerró la puerta al Ayuntamiento al plantear la anulación de la convocatoria de subvenciones para el año 2024 al poner en duda el método, la asignación discrecional de las ayudas y el plazo concedido para presentar los proyectos.

Y este viernes le ha seguido la Coordinadora Zona Sur Existe, que se suma a esta especie de 'rebelión' contra la propuesta del Gobierno local al argumentar que la misma "carece de garantías jurídicas", lo que les ha llevado a hacer un llamamiento a todas las asociaciones, entidades y personas de Jerez "para que hagamos causa común en la exigencia de garantías jurídicas en este proceso de concesión de subvenciones y que planteemos -como ya hizo Solidaridad 24 horas antes- al Ayuntamiento de Jerez la anulación de esta convocatoria y el inicio de un nuevo proceso en el que esté asegurado y garantizado por parte de la Intervención Municipal el cumplimiento de toda la legislación vigente".

La Coordinadora vecinal de la Zona Sur no sólo muestra su "total apoyo" a la Federación de Vecinos SOLIDARIDAD, sino que le agradecen "el coraje vecinal que han demostrado al denunciar públicamente las posibles irregularidades y vulneraciones que el Ayuntamiento de Jerez" puede estar "cometiendo con la aprobación de este expediente de subvenciones", por lo que se ofrecen a colaborar "en todo aquello que necesiten para reconducir este proceso por el bien de las asociaciones, entidades y personas concurrentes".

El colectivo recuerda asimismo que ha sido "marginado por el actual Gobierno Local en todo este procedimiento, rechazando nuestra solicitud en base a criterios que consideramos injustos y arbitrarios y sin permitirnos expresar nuestra opinión durante la pasada sesión de pleno municipal".

Asimismo, lanzan un aviso a navegantes sobre las presuntas "vulneraciones e irregularidades que este expediente de subvenciones pueden conllevar, con consecuencias graves no sólo a quién reparte las subvenciones sino también a quienes las perciben. Estamos hablando de dinero público que debe ser gestionado con total seguridad jurídica para los beneficiarios, y consideramos que en este momento y en la forma en que se está gestionando dicho expediente por el actual Gobierno Local, esa seguridad jurídica no existe".